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PUBLICAÇÕES


DERECHO PUBLICO - 06/02/2014

DJALMA DA SILVA LEANDRO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREITO PUBLICO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monografía de Investigación presentado como exigencia para la obtención del título de Doctor en Ciencias Jurídicas, en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires - Argentina - UCA.
 
 
 
 
 
 
 
                              ORIENTADOR: Prof. Dr. Luis Maria Bandieri
                                
 
 
                                            DJALMA DA SILVA LEANDRO
 Salvador – Bahía - Brasil
          JULIO/ 2012
 
 
 
                          
Pontificia Universidad Católica Argentina
“Santa  María  de  los  Buenos  Aires”
 
FACULTAD DE DERECHO
 
DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
 
 
 
 
 
 
                                                              SEMINARIO DE
 
 
 
“tema do trabalho”
 
 
 
AUTOR  |  DJALMA DA SILVA LEANDRO
 
 
I.C.E.P.E.M.
 
 
PROFESOR DEL SEMINARIO  |  DR. LUIS MARIA BANDIERI
 
 
 
 
FECHA DE CURSADA: Data
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: data
 
Edificio Santa María de los Buenos Aires Av. Alicia M. de Justo 1300, 2do. piso (C1107AAZ) Buenos Aires.
www.uca.edu.ar. Teléfono: 4349-0200. Fax: 4349-0230 y 4349-0246.E-mail: secacad@uca.edu.ar
 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA - UCA 
 
 
 
 
 DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
 
 
 DERECHO PÚBLICO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNO: DJALMA DA SILVA LEANDRO
 
MATRÍCULA Nº: 04-103311-9         D.N.I.  8.726.855         
 
CARRERA:DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
 
DISCIPLINA: DERECHO PÚBLICO
 
 
PROFESOR:  DR. LUIS MARIA BANDIERI
 
 
 
FECHA ENTREGA:   10 DE JULIO 2012
 
 
 
 
 
                                                 DJALMA DA SILVA LEANDRO
            Salvador – Bahía - Brasil
                      JULIO/ 2012
 
 
                                                           SUMARIO
 
 
 
 
 
   I - INTRODUÇÃO
 
 
   II  -   La ETICA E La MORAL ---------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 III -  DIREITO COMPARADO===========================
  •   Derecho mexicano
  •   Derecho francés
  •   Derecho alemão
  •   Derecho italiano
 
 IV - El ACESSO À JUSTIÇA E La CIDADANIA
 
   V - CONCLUSÃO
 
VI  - BLIBLIOGRAFIAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          DJALMA DA SILVA LEANDRO
            Salvador – Bahía - Brasil
                      JULHO/ 2012
 
 
1 -  INTRODUCCIÓN
          La “Familia” es un tema muy amplio, y siempre nos encontramos con situaciones relacionadas a ella. Con la evolución de la humanidad, y con los medios de comunicación en masa, así como la “información” llevada a efecto en los diversos segmentos de la comunicación, escrita, hablada o televisiva, muchas de las veces vemos situaciones polémicas, y con resultados imprevisibles frente de los “ojos de la sociedad”
            Diariamente nos encontramos con personas, ligadas al derecho de familia, en sus diferentes ramos y especializaciones, que se enfurecen con la injusticia producida cotidianamente por el derecho, o mejor, por la forma como este derecho está siendo construido, interpretado y aplicado en los días presentes; que creen que es posible cambiar ese modo de actuar el derecho; que ven en el “derecho” un instrumento de construcción de la justicia social; y que asume la responsabilidad de luchar para que esta realidad se cumpla.
               El joven que sin tener muchas oportunidades, se esfuerza, lucha con sacrificio para mejorar sus conocimientos y contribuir mejor para el crecimiento de la humanidad y distribuir mejor las “igualdades de condiciones y valorización de los derechos humanos”. Se torna entonces un estudiante de ciencias sociales – de la sociedad.
En la Universidad, está entusiasmado cuando se detiene en la lectura y en el estudio del artículo 5º de la Constitución de la República Federativa del Brasil. Ya que allí están plasmados los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos y de otros entes jurídicos. Ese entusiasmo ya viene reforzado por el propio "Preámbulo" de la Carta Magna, donde está dicho que nuestro Texto Básico tiene por finalidad, dentro del sistema democrático, asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad y la seguridad, siempre con la solución pacífica de las controversias.               Y más adelante en el art. 226 enaltece la entidad familiar – la familia.
Verifica que la “ley” es el punto de referencia, pues nuestro constituyente dejó expresado "que nadie será obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa sino en virtud de ley" (art.5º inciso II). Constata que la Constitución otorga seguridad, inclusive al derecho de propiedad, desde que esta atienda su función social (art.5º incisos XII y XIII). Observa que el constituyente aseguró a todos el derecho de petición a los poderes públicos en defensa de derechos o contra ilegalidad o abuso de poder, sin ninguna formalidad de procedimiento legal, así como el derecho de recibir informaciones de los “órganos públicos”, inclusive relativas a intereses particulares (art.5º incisos XXXIII y XXXIV).
               Y el entusiasmo de nuestro estudiante de Derecho va creciendo cuanto más se profundiza en el estudio del artículo 5º de la Carta Magna. Ya lee ahora cierto de que podrá colocar en práctica su ideal, que la ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial, lesión el amenaza al derecho, así como también no perjudicará el derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada. Avanza en su estudio y va rápidamente a los incisos que más le tocan el alma juvenil de un “recién encantado” por la sociedad. En esas búsquedas y por las memorables clases de sus profesores, cosecha la enseñanza de que nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el debido proceso legal, el cual se materializa con el amplio derecho de defensa, con todos los despliegues debidos.
               Pero el entusiasmo de nuestro estudiante de ciencias sociales llega al auge cuando constata que el constituyente no olvidó de prever instrumentos hábiles a la defensa de todos esos derechos fundamentales. Aprende que están insertados en nuestra Constitución, instrumentos eficaces para la defensa de esos derechos. Constata ahora, cuanto nuestro constituyente fue velador en la preservación de la libertad, al asegurar "habeas corpus" siempre que alguien sufra o se encuentre amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso de poder (inciso LXVIII Constitución Federal de Brasil, 1988). En los incisos siguientes, observa que aunque no tratándose de la libertad de locomoción, también fue previsto el mandato de seguridad (recurso de amparo), inclusive el colectivo, para proteger derecho líquido y cierto, cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuera autoridad pública o agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del poder público.
               Con todo ese arsenal de garantías a los derechos fundamentales y los instrumentos para su defensa, nuestro estudiante de derecho concluyó su curso de habilitación, presta el examen de la OAB – Orden de los Abogados de Brasil,  y se torna “abogado” apto por lo tanto, para aportar la mejor aplicación del derecho, así como la garantía individual y colectiva de distribución igualitaria de la justicia. La expectativa de colocar en práctica todo lo aprendido, se desmorona cuando se encuentra con los “enfoques diferentes y las distorsiones de la “teoría que aprendió en sus clases” en las doctrinas eruditas y brillantes, en las discusiones acaloradas, en sala de clases y con sus “colegas” en los seminarios de práctica forense. Finalmente se decepciona con la decadencia de la familia, las irresponsabilidades de los padres, la mala formación intelectual, el abandono, los varios modos de encararse la familia y la sociedad, las dificultades de acceso a la justicia, la aplicación de las leyes de forma desigual, al percibir que a los más afortunados, los "favores de la ley", y a los menos afortunados, los "rigores de la ley", y el aumento creciente y desenfrenado de la criminalidad, y su total impunidad, la decadencia del Estado.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (ONU)
               Las conquistas mundiales en relación a los derechos fundamentales, a nivel de la enumeración de estas garantías, culminó con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por la Organización de las Naciones Unidas, siendo adoptada y proclamada por la Resolución 217 A (III) de la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948.
               En efecto, el presente documento, teniendo como objetivo promover el respeto por todos los pueblos y naciones, a los derechos y libertades individuales, introduce con las siguientes palabras:
               "Considerando que el reconocimiento de la dignidad inherente la todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables es el fundamento de la libertad, de la justicia, y de la paz en el mundo.
               Considerando que el desprecio y la falta de respeto por los derechos del hombre resultaron en actos bárbaros que ultrajaron la conciencia de la Humanidad y que la llegada de un mundo en que los hombres gocen de libertad de palabra, de creencia y de libertad de vivir a salvo del temor y de la necesidad fue proclamado como la más alta aspiración del hombre común.
               Considerando esencial que los derechos del hombre sean protegidos por el imperio de la ley, para que el hombre no sea forzado, como último recurso, a la rebelión contra la tiranía y la opresión.
               Considerando esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones.
               Considerando que los pueblos de las Naciones reafirmaron en la Carta, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, y que decidieron promover el progreso social y mejores condiciones de vida en una libertad más amplia.
               Considerando que los Estados-Miembros se comprometieron a promover, en cooperación con las Naciones Unidas, el respeto universal a los derechos y libertades fundamentales del hombre y la observancia de esos derechos y libertades.
               Considerando que una comprensión común de esos derechos y libertades es de la más alta importancia para el pleno cumplimiento de esos compromisos, La Asamblea General proclama (...)"
               Como fue visto, tal documento visó garantizar los derechos del individuo frente a la opresión estatal, siendo que en su contenido están presentes varias conquistas del hombre, como el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a la plena igualdad, a la presunción de inocencia, al acceso a la justicia, al ocio, a la salud, entre tantos otros. Sin embargo, sin querer entrar en cuestiones de derecho internacional, la referida Declaración carece de efectividad, pues depende de cada país su seguimiento o no.
Las Declaraciones de Derechos en las Constituciones y en Documentos Modernos:
               Karl Loewenstein ("Teoría de la Constitución", p. 408), considera que:
                "(...) los derechos fundamentales y en especial, la libertad política ha sido verdaderamente respetada en los Estados libres de Occidente durante las últimas décadas. Los países más apropiados son Inglaterra, Bélgica, los Países Bajos y los países escandinavos, que han sido los menos expuestos a sacrificar su herencia liberal a pragmáticas consideraciones del momento. Las experiencias de la protección de los derechos fundamentales en los dominios ingleses son diversas: satisfactorias en el Canadá, con la excepción de Quebec dominada por las jerarquías católicas, en Nueva Zelanda y también en Australia, que es uno de los pocos países en el que no se posee ninguna bill of rigths (...)".
               En América Latina, inclusive debido a los regímenes dictatoriales, los derechos fundamentales fueron obedecidos, siendo que solamente en estos últimos años las conquistas del ciudadano comienzan la caminar. Sin embargo se debe advertir que en el Tercer Mundo, no es sólo en virtud de dictaduras que tales derechos son constantemente faltados el respeto. Correcto lo que afirma el insigne maestro Argentino Eugenio Raúl Zaffaroni (1993, p. 2):
               "El mayor número de muertes, es causado en Latinoamérica por agencias del Estado, y no sólo en las dictaduras ni en las zonas de guerra, sino también en los países con sistemas constitucionales. Anualmente son miles los 'muertos sin proceso' en ejecuciones protagonizadas por personal estatal armado; un simple recorte presupuestario en el rubro sanitario ocasiona la muerte de miles de personas; la supresión de dispensarios condena a muerte por deshidratación a miles de niños, para mencionar solo algunos ejemplos de causas de muerte directas y toda evidencia, en circunstancias que pueden considerarse como 'normales' en nuestra área geográfica".
               Sobre la manera del individuo hacer valer sus derechos, Genaro R. Carrió (1990, p. 36) explica que:
               "En la mayoría de los países de América Latina la protección sumaria de los derechos civiles y políticos distintos de la libertad física o ambulatoria se vincula directamente a la acción del recurso de amparo (mandato de seguridad en el Brasil).
Quizás el país de nuestro hemisferio donde mayor desarrollo ha alcanzado el amparo es México. Allí cumple una función de tutela polivalente, por decirlo así, ya que abarca desde el hábeas corpus, el amparo de casi todos los otros países de la América Latina, las acciones y recursos de inconstitucionalidad y hasta ciertos remedios contra actos judiciales (amparo por casación).
               En la Republica Argentina el amparo es de creación relativamente reciente y su establecimiento institucional no ha estado libre de alternativas de sentido opuesto. Nació como una creación pretoriana de la Corte Suprema de 1957(...) ese tribunal decidió que fluye directamente de la Constitución Argentina un remedio judicial rápido dirigido la tutelar las libertades constitucionales diferentes de la física o ambulatoria en ataque a ellas por actos del poder público".
Jorge Miranda(1993, p. 110-111) señala que:
                "(...) en momentos de lucha revolucionaria o de gran mutación política y precediendo la estabilización orgánico-constitucional, han sido proclamadas Declaraciones o Cartas, definidoras de los grandes principios y objetivos de los nuevos regímenes y en que abultan implicaciones en el dominio de los derechos fundamentales. De esta forma, la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, soviética, de 1918; la Carta del Trabajo, italiana, de 1927; en España, el Foro del Trabajo y el Foro de los Españoles, de 1938 y 1945, respectivamente; o la Carta Nacional Argelina de 1976".
A su vez, Karl Loewenstein (ob. cit. p. 410) cree que:
               "Visto en su totalidad, el respeto de los derechos fundamentales en Europa occidental - aunque su historial muestre temporalmente en algunos lugares ciertas manchas -, ha sido fiel a las ideas de las declaraciones de los derechos fundamentales. Sin embargo, es difícil prever si el respeto la las libertades individuales fundamentales sobrevivirá por mucho tiempo a la actual prosperidad económica".
               La Consagración de los Derechos Fundamentales en Brasil - Nuestra primera Carta, la Constitución Imperial de 1824, ya contenía declaración de derechos y garantías en sus artículos 173 y siguientes. Igualmente, las Constituciones posteriores, aunque con denominaciones diversas, mantuvieron tales disposiciones.
               "Manteniendo la tradición de las cartas anteriores, la Constitución Federal destaca, en capítulo autónomo, los derechos y garantías fundamentales. La consagración es importante porque, dada la hierarquía de las normas legales, hace con que tales disposiciones se sobrepongan, tanto al legislador ordinario, como al administrador público" Greco Filho (1989, p. 38).
               Sin embargo, existen derechos fundamentales asegurados en nuestra Carta Magna de 5 de octubre de 1988 que no se encuentran en este capítulo destinado a la declaración de los derechos fundamentales. Se advierte igualmente, que los principales derechos asegurados por nuestra Constitución Federal son exactamente los previstos en el encabezado del artículo 5º: el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad, in verbis:
               "Art. 5º Todos son iguales ante la ley, sin distinción de ninguna naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes (...)".
               En efecto, los demás derechos contenidos en lo restante del ordenamiento constitucional son derivados de estas garantías aseguradas en el encabezado del dispositivo en apreciación.
               Se pueden clasificar los derechos y las garantías en las siguientes especies:
               - derechos materiales: son los directamente otorgados por el texto constitucional y definidos su contenido;
               - garantías formales: son las que, sin definir el contenido del derecho, aseguran el orden jurídico, definiendo los principios y evitando los arbitrios;
               - garantías instrumentales: son disposiciones que buscan dar efectividad a los derechos materiales y a las garantías normales.
               José Afonso de la Silva(1990, p. 162) nota como característica de los derechos fundamentales la historicidad, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad.
               Igualmente, es necesario referir que, según la propia Constitución Federal define el reconocimiento de los derechos y garantías expresados en aquella Carta, no excluye otros derechos y garantías derivados del régimen y de los principios que ella adopta.
               Finalmente, la declaración de derechos fundamentales en textos contemporáneos, entre ellos la Constitución Brasileña - que posee un vasto rol de garantías del individuo -, no termina con la preocupación sobre el tema - además, ese tema siempre perdurará. Se debe pugnar además, por la obediencia y por el respeto de las garantías declaradas y aseguradas al individuo, así como por la declaración de los derechos todavía no reconocidos.
            En este proyecto, pretendo demostrar, y clarificar como encausar concretamente, esta lucha, o mejor dicho, como utilizar los Códigos y diplomas procesales, para conseguir una uniformidad de actos, prácticas y aplicación de la justicia, en los varios segmentos y especialización del derecho, para que podamos conseguir un mejor desempeño y quien sabe una ecuánime distribución de la justicia, con la simple obediencia de las leyes, y a las costumbres, éticas y morales, priorizando de forma ecuánime y equilibrada los derechos de familia, la familia en la sociedad, la entidad familiar dentro de la sociedad, las varias formas de familia, principalmente entre dos personas del mismo sexo, y otros parentescos afines, y la sociedad dentro del concepto de familia, dentro del contexto de que es necesaria una visión que enaltezca la vida humana interligada al medio ambiente, no existiendo una sin la otra, priorizando la educación, ética y moral en el núcleo familiar, proponiendo cambio interior, reflejando consecuentemente en la sociedad.
II - ÉTICA Y MORAL
Algunos filósofos definen la moral como la “ciencia de las costumbres” (Durkheim, Levy Bruhl). Esta definición es incompleta, ya que la moral no se limita sólo a conocer o describir las costumbres, pretendiendo antes definirlas y orientarlas de acuerdo con los principios de la ética.
La palabra ética, etimológicamente se origina en el griego “ethos”, que significa costumbres; la palabra moral proviene del latín “mores”, que también significa costumbres. La ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Es decir, es ciencia de una forma específica de comportamiento humano. En general, ciencia de la conducta.
Ética o moral es el estudio de la acción humana en cuanto sea libre y personal. Su finalidad es trazar normas a la voluntad en su inclinación para el bien, siendo que la ética está íntimamente ligada a la vida, pues ambas no pueden ser definidas por completo, son inexplicables. La ética está presente en el día a día de las personas, desde los actos, acciones más simples para problemas complejos de la sociedad. Después podemos notar que cada individuo posee su definición o noción sobre ética dependiendo de su formación, información adquirida y vivencia en el medio social.
            El primer hombre que se cuestionó y tentó conceptuar la Ética fue el Gran Pensador Sócrates que caminaba por las Polis Griegas en busca de alguna respuesta a través de indagaciones a los ciudadanos. Pero llegó a la conclusión que sólo se repetía aquello que era impuesto desde la fase de la infancia, o sea, estaban acostumbrados a no pensar y apenas a repetir aquellos conceptos antiguos de buen comportamiento. 
La Deontología es considerada como un ramo del conocimiento filosófico que estudia los principios, fundamentos y sistemas de moral, o en otras palabras que procura establecer un tratado de los deberes a ser cumplidos por el hombre en su relación profesional y social.
SENTIDO MORAL Y CONSCIENCIA MORAL
El sentido moral y la conciencia moral dicen respecto a valores, sentimientos intenciones, decisiones y acciones referidas al bien y al mal, y al deseo de felicidad. Dicen respecto de las relaciones que mantenemos con los otros, y por lo tanto, nacen y existen como parte de nuestra vida intersubjetiva. El sentido moral todos poseen y sienten, algunos actúan y otros no, es un sentimiento de responsabilidad, que nace desde la infancia con la educación de cada hogar, en común acuerdo con la cultura. Y la conciencia moral es nuestra conciencia que en ciertas situaciones dramáticas nos exige una elección, una decisión, una justificación, o a veces asumir consecuencias que fuimos responsables.
El sentido moral y la conciencia moral son inseparables de la vida cultural, una vez que esta define para sus miembros los valores positivos y negativos que deben respetar o detestar. Entonces podemos llegar a la conclusión de que una camina lado a lado con la otra, y todavía podemos decir que una depende de la otra para mantenerse siempre real.
JUICIO DE HECHO Y DE VALOR
          Juicos de hecho son aquellos que dicen que las cosas son como son y por qué son; evaluaciones sobre cosas, personas, situaciones, son proferidos en la moral, en las artes, en la política y en la religión.
          Juicios de valor evalúan cosas, personas, acciones, experiencias, acontecimientos, sentimientos, estados de espíritu, intenciones y decisiones como buenos o malos, deseables o indeseables. Los juicios éticos de valor son también normativos (enuncian normas que determinan el deber ser de nuestros sentimientos, nuestros actos, nuestros comportamientos), son juicios que enuncian obligaciones y evalúan intenciones y acciones según el criterio de lo correcto y lo incorrecto.
          Los juicios éticos de valor dicen lo que son el bien, el mal y la felicidad. Los juicios éticos normativos nos dicen qué sentimientos, intenciones, actos y comportamientos son los que debemos tener o hacer para alcanzar el bien y la felicidad.
La ética cristiana – como la filosofía cristiana en general – parte de un conjunto de verdades reveladas al respecto de Dios, de las relaciones del hombre con su creador y del modo de vida práctico que el hombre debe seguir para obtener la salvación en el otro mundo.
Dios, creador del mundo y del hombre, es concebido como un ser personal, bueno, omnisciente y todopoderoso. El hombre, como criatura de Dios, tiene su fin último en Dios, que es su bien más alto y su valor supremo. Dios exige su obediencia y la sujeción a sus mandamientos, que en este mundo humano terreno tiene el carácter de imperativos supremos.
De esta forma, en la religión cristiana, lo que el hombre es y lo que el hombre debe hacer, se define esencialmente, no en relación con una comunidad humana (como la Polis) o con el universo entero, sino antes de todo, en relación a Dios. El hombre viene de Dios y todo su comportamiento – incluyendo la moral – debe orientarse hacia él como objetivo Supremo. La esencia de la felicidad (la beatitud) es la contemplación de Dios; el amor humano queda subordinado al Divino; el orden sobrenatural tiene la primacía sobre el orden natural humano.
            También la doctrina cristiana de las virtudes expresa esa superioridad al divino. Aunque asimile – como virtudes fundamentales – la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, ya proclamadas por Platón y que son las virtudes morales en sentido propio, admite determinadas virtudes supremas o teológicas (Naciones, esperanza y caridad). Mientras las fundamentales regulan las relaciones entre los hombres y son por esto, virtudes en escala humana, las teológicas regulan las relaciones entre el hombre y Dios y son por consiguiente, virtud en escala divina.
El cristianismo pretende elevar el hombre de un orden terrestre para un orden sobrenatural, en la cual pueda vivir una vida plena, feliz y verdadera, sin las imperfecciones, las desigualdades e injusticias terrenas. Proponiendo la solución de graves problemas del mundo en un más allá, el cristianismo introduce una idea de una enorme riqueza moral: la de la igualdad de los hombres. Todos los hombres sin distinción – esclavos y libres, cultos e ignorantes - son iguales ante Dios y son llamados a alcanzar la perfección y la justicia en un mundo sobrenatural.       
MORAL, ÉTICA, DEBER, RESPONSABILIDAD, VIRTUD Y DERECHO.
El método de la moral, ciencia normativa, debe ser mixto, esto es, al mismo tiempo inductivo o experimental y deductivo o racional. Son tres las condiciones necesarias al ejercicio de la vida moral: la razón, el libre arbitrio y la inclinación para el bien. La moral se divide en: moral formal o general (que es la ciencia del deber) y moral material o particular (que es la ciencia de los deberes) y es una ciencia porque constituye un sistema de conclusiones ciertas, basadas en principios universales; es normativa porque estudia actos, voluntades, intenciones, en suma, la acción humana, para la cual traza normas. A pesar de normativa, la moral posee también un carácter especulativo.
Cuatro doctrinas podrán ser señaladas en la evolución de la ética: la ética empírica, la ética de los bienes, la ética formal y la ética de los valores.
No basta conocer el deber para cumplirlo, es necesario aún el esfuerzo de la voluntad para subordinar la conducta al mismo. No basta por otro lado, el sentido moral innato, dirigir nuestras acciones, es aconsejable también el estudio racional de las normas del deber, a fin de no colocar nuestros actos al abrigo de las ilusiones, de los impulsos y de las pasiones.
Deber es la obligación de practicar, o de no practicar una acción. Es una necesidad, impuesta por la ley moral, de realizar el bien.
La conciencia moral es la capacidad que posee el hombre de distinguir el bien y el mal. No se confunde con la conciencia psicológica, que la intuición que un ser tiene de las modificaciones que en él se procesan. Ciertos filósofos consideran la conciencia moral como clarividente e infalible, a pesar de la falibilidad de la misma y de la influencia deformadora que sobre ella ejercen el hábito, la pasión, etc. Otros ven en la conciencia moral una simple convención, variable en el tiempo y en el espacio. En realidad, todos los hombres tienen la noción del bien y del mal, del derecho y del deber.
Según el testimonio de la conciencia, el deber presenta las siguientes características: es obligatorio, es absoluto, es universal. La materia del deber es constituida por el bien moral en sí u objetivo. La forma del deber es la obligación, a través de la cual el bien moral se impone a nuestra voluntad y el bien moral formal consiste en la subordinación de nuestra voluntad al bien en sí, en la medida en que las circunstancias nos permiten conocerlo.
La responsabilidad es la obligación que tiene todo ser libre de responder por sus actos y sufrir las consecuencias acarreadas por los mismos. Se distinguen la responsabilidad moral y la responsabilidad social.
El mérito es el aumento del valor moral o de perfección que el individuo adquiere por el hecho de no conformarse sólo con el deber. El demérito es la diminución de dignidad y de valor moral, resultante de la práctica del bien y del mal.
La virtud es el hábito del bien, mientras que el vicio es el hábito del mal. La sanción es el conjunto de recompensas y castigos consecuentes de la observancia o violación de la ley moral. Las sanciones pueden ser temporales o eternas, las temporales son insuficientes e imperfectas y solamente la eterna puede ser integralmente justa, perfecta y universal.
Derecho es el poder moral de hacer, poseer o exigir alguna cosa, siendo un poder moral que se basa en la razón y en la ley moral, se distingue del poder físico que se basa en la fuerza. La virtud es para el hombre un deber y un derecho. Es un deber, porque la ley moral lo establece; es un derecho, porque todo lo que la ley moral determina como deber, nadie puede impedir. El derecho es universal, inviolable, absoluto y exigible por la coacción. El verdadero fundamento del derecho no es el deseo, la necesidad, la fuerza o la libertad, y sí el bien, esto es, la ley natural o la ley positiva legítima. El derecho se divide en: derecho natural, derecho positivo, derecho civil y derecho político.
El fin de la actividad humana es el bien. Pero cada persona valoriza y adopta el bien que juzga mejor. Para unos es el bien individual, para otros el bien social y para otros todavía, el bien racional. He allí tres sistemas de moral: utilitario, sentimental y racional. El bien individual se manifiesta bajo la forma de placer o de interés; el bien social bajo la forma de simpatía, de solidaridad y de amor a la humanidad; y el bien racional bajo la forma de felicidad racional, de respeto a la ley moral y de amor al orden y a Dios.
Los hedonistas pretenden tornar el placer, principio de la ley moral. Pero el placer, no siendo obligatorio, absoluto y universal, no puede servir de base a la moralidad.
Para Epicuro, el fundamento de la moral es el interés individual y para Bentham son la utilidad y la felicidad. Estos sistemas por ser egoístas son falsos.
Stuart Millcree que la moral debe tomar en cuenta la calidad de los placeres y tiene como fundamento el interés colectivo. Pero, el placer sea cual fuera, no puede servir como regla de vida.
Según Spencer y los evolucionistas, la moralidad de los actos depende de su utilidad para el desarrollo de la vida y para la felicidad individual y colectiva. El sistema evolucionista no posee, los caracteres de la verdadera ley moral.
Para los sociólogos, como Durkheim y Levy Bruhl, no es posible una moral absoluta y universal, pues el hombre es simple producto de la sociedad, la cual varía en el tiempo y en el espacio, hasta hoy en día, con toda esa globalización, acumulada con la velocidad extraordinaria de las comunicaciones vemos culturas completamente opuestas, como por ejemplo la cultura Occidental y la Oriental. Los hombres no son, sin embargo, meros resultados de la presión social y todos poseen los primeros principios de la moralidad.
Reid yla escuela escocesa admiten que el hombre posee un sentido moral que le faculta apreciar la moralidad de los actos. Pero la sensibilidad, siendo ciega y fatal, no puede servir de guía de la conducta humana.
Según Adam Smith, el fundamento de la moralidad es la simpatía. Siendo esta, sin embargo relativa, variable y subjetiva, no puede servir de principio para la ley moral.
Augusto Comtepiensa que el individuo debe vivir solamente para la sociedad. En esto consiste el altruismo. La máxima de la moralidad debe ser: -“vive para los otros; sacrifícate por la humanidad”. La moral altruista es, sin embargo, contradictoria y no tiene las notas de la obligación y de la universalidad.
Aristótelescoloca al soberano bien en la felicidad, que resulta de la actividad específica del hombre, que es el pensamiento. La virtud es el medio de alcanzar la felicidad perfecta. La moral que pretendiera sólo la felicidad sería interesada: La felicidad puede ser la consecuencia del bien realizado, pero no su razón.
Para Zenão y los estoicos, el bien supremo es la virtud que consiste en vivir según la naturaleza y en el dominio de las pasiones. La moral estoica es antinatural e impracticable.
La moral de Kant es puramente formal, preceptúa la realización del bien por el bien y establece el imperativo categórico como fundamento de las acciones humanas. Kant erra por atentar contra la naturaleza racional del hombre, por admitir que el deber está constituido sólo por la obligación y por considerar la voluntad como autónoma y absoluta.
Para Sto. Tomás, el bien en sí, el bien racional como el motivo último de nuestras acciones, es el principio de la ley moral. El bien racional, como una regla obligatoria, absoluta y universal, es el fin supremo de la actividad humana y el fundamento de la moralidad.
La  necesidad de estudiar ética urge a cualquier persona que procure su dignidad de ser humano a fin de desarrollarse a sí misma, podemos decir también que la ética puede ser definida como el conjunto de valores constructivos que llevan al hombre a comportarse de modo armonioso, o todavía que la ética es la ciencia que se inspira en los principios provistos por la moral.    
Finalizando este estudio,  hacemos un llamado la todos para que sea colocado cada vez en el centro de las atenciones, el ser humano como un todo, en todas las organizaciones e instituciones religiosas, políticas, económicas, administrativas, profesionales, educacionales, financieras, deportivas, culturales, asistenciales; solamente con un antropocentrismo real e histórico se vencen y eliminan los males de las guerras, del hambre, de la violencia, de las drogas, de las traiciones, de las venganzas, de las infidelidades; en fin, estudiar y vivenciar la ética es ser especialista en la persona humana y cambiar los valores que nos fueron pasados por nuestros ancestrales, cosa que se perpetuó hasta los días actuales, donde todavía se desconocía la ciencia y sus constataciones. No debemos más enfatizar que para vivir en armonía, con riquezas y confortables, tenemos que perjudicar a alguien.   
ÉTICA Y VIOLENCIA
De la historia de las ideas éticas desde la Antigüedad Clásica (greco-romana) hasta los nuestros días percibimos que existe el problema de la violencia y de los medios para evitarla, disminuirla y controlarla. Y uno de esos medios son los valores éticos como: patrones de conducta, de convivencia entre las personas en la sociedad garantizando así el bienestar físico, psíquico y conservación del grupo social, la armonía entre todos.
               Vivenciamos una total inversión de valores, donde se pune la sociedad, por acto de un infractor de sus reglas, justamente por no tener otro conocimiento sino el que le fue pasado, que para poder tener y ser vencedor, alguien  tiene que perder y ser perjudicado.
            La violencia no está definida, pero a lo largo de los años y lugares diferentes presenta otros contenidos, aunque con aspectos de la misma manera, en las varias sociedades y culturas. En nuestra cultura la violencia está entendida como la violación de la integridad física y psíquica, de la dignidad humana de alguien. Y con ese significado de violencia, los valores éticos (valores positivos – bien – virtudes) irguen barreras éticas contra la violencia.
            La ética es normativa, porque sus normas visan imponer límites y controles al riesgo permanente de la violencia.
LOS CONSTITUYENTES DEL CAMPO ÉTICO
            Para que haya conducta ética es preciso que exista el agente consciente (aquel que conoce la diferencia entre bien y mal, cierto y errado).
               Consciencia y responsabilidad son condiciones indispensables de la vida ética.
            Campo ético está constituido por los valores y por las obligaciones que forman el contenido de las conductas morales, esto es, las virtudes. Está constituido del sujeto o persona moral, de los valores o fines morales y de los medios éticos.
El sujeto ético o moral, (la persona) sólo puede existir si cumple las siguientes condiciones:
  • ser consciente de sí y de los otros.
  • Estar dotado de voluntad (pero en conformidad con la conciencia)
  • Ser responsable
  • Ser libre (para dar a sí mismo las reglas de la conducta).
EL CRISTIANISMO: INTERIORIDAD Y DEBER
Diferente de otras religiones de la Antigüedad, el Cristianismo nace como religión de individuos que no se definen por pertenecer a una nación, sino por una fe en un único Dios. El Cristianismo introduce dos diferencias primordiales en la antigua concepción ética:
  • La idea de que la virtud se define por nuestra relación con Dios y no con la ciudad (la polis) ni con los otros.
  • La afirmación de que estamos dotados de voluntad libre – el libre arbitrio – y que el primer impulso de nuestra libertad se dirige para el mal y para el pecado, esto significa, para la transgresión de las leyes divinas.
El cristianismo por lo tanto, pasa a considerar que el ser humano es en sí y por si mismo, incapaz de realizar el bien como virtud. Tal concepción lleva a introducir una nueva idea en la moral: la idea del deber.
La partir del Renacimiento, la filosofía moral se distancia de los principios teológicos y de la fundamentación religiosa de la ética, la idea del deber permanecerá como una de las marcas principales de la concepción ética occidental. La filosofía moral pasó a distinguir tres tipos fundamentales de conducta:
  1. La conducta moral o ética (se realiza según las normas y reglas impuestas por el deber)
  2. La conducta inmoral o antiética (se realiza contrariando las normas y reglas fijadas por el deber).
  3. La conducta indiferente a la moral (cuando actuamos en situaciones que no son definidas por el bien y por el mal, y en las cuales no se imponen las normas y las reglas del deber).
En la constitución de la moralidad occidental, la moral cristiana introdujo la idea del deber y la idea de la intención.
Hasta el cristianismo, la filosofía moral localizaba la conducta ética en las acciones y en las actitudes visibles del agente moral. El deber no se refiere sólo a las acciones visibles, sino también a las intenciones invisibles, que pasan a ser juzgadas éticamente. 
NATURALEZA HUMANA Y DEBER
            El cristianismo introduce la idea del deber para resolver un problema ético, que es ofrecer un camino seguro para nuestra voluntad, que siendo libre, pero débil, se siente dividida entre el bien y el mal. Y esa idea crea un problema nuevo. La ética exige un sujeto autónomo, la idea de deber no introduciría la heteronomía, ¿esto es el dominio de nuestra voluntad y de nuestra conciencia a cambio de algo extraño a nosotros?
En el siglo XVIII, El filósofo Rousseau procuró resolver esa dificultad. Para él, la conciencia moral y el sentimiento del deber son innatos, son “la voz de la Naturaleza” y el “dedo de Dios” en nuestros corazones. Nacemos puros y buenos, dotados de generosidad y de benevolencia para con los otros, nuestra bondad natural fue pervertida por la sociedad, cuando esta creó la propiedad privada y los intereses privados, tornándonos egoístas, mentirosos y destructivos teniendo como responsable por eso, la razón.
Otra respuesta fue traída por Kant en el final del siglo XVIII, oponiéndose a la “moral del corazón” de Rousseau, Kant afirma el papel de la razón en la ética. Según él no existe bondad natural, por naturaleza somos egoístas, ambiciosos, destructivos, agresivos, crueles, ávidos de placeres que nunca nos sacian y por los cuales matamos, mentimos, robamos. Por eso para tornarnos seres morales necesitamos del deber.
La exposición kantiana parte de dos distinciones:
 
  1. La distinción entre razón pura teórica o especulativa y razón pura práctica ;
  2. La distinción entre acción por causalidad, o necesidad y acción por finalidad o libertad.
            Somos autónomos, porque nos damos a nosotros mismos los valores, los fines y las leyes de nuestra acción moral.
Según Kant el deber es una forma que debe valer para toda y cualquier acción moral. El deber no es un catálogo de virtudes ni una lista de “haga esto” y “no haga aquello”.
Kant dedujo las tres máximas morales que exprimen la incondicionalidad de los actos realizados por deber. Son ellas:
  1. Actúa como si la máxima de tu acción debiera ser erguida por tu voluntad en ley universal de la Naturaleza;
  2. Actúa de tal manera que trates la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de otros, siempre como un fin y nunca como un medio;
  3. Actúa como si la máxima de tu acción debiera servir de ley universal para todos los seres racionales.
       Kant designa como voluntad buena que quiere el bien – el acuerdo entre voluntad y deber. El motivo moral de la voluntad buena es actuar por deber. El móvil moral de la voluntad buena es el respeto por el deber, producido en nosotros por la razón. Obediencia a la ley moral, respeto por el deber y por los otros constituyen la bondad de la voluntad ética.
CULTURA Y DEBER
        En el siglo XIX, Hegel critica a Rousseau y a Kant por haber dado atención a la relación sujeto humano-Naturaleza  (la relación entre razón y pasiones), olvidando la relación sujeto humano-Cultura e Historia. Y también por haber admitido la relación entre la ética y la sociabilidad de los seres humanos, pero tratándola como relaciones personales directas entre individuos aislados o independientes, cuando deberían haberla tomado a partir de los lazos fuertes de las relaciones sociales, fijadas por las instituciones sociales (familia, sociedad civil, Estado).
       Según Hegel somos seres históricos y culturales, significando que, además de nuestra voluntad individual subjetiva (que Rousseau llamó de corazón y Kant de razón práctica), existe otra voluntad, mucho más poderosa, que determina la nuestra: la voluntad objetiva (impersonal, colectiva, social, pública crea las instituciones y la moralidad como sistema regulador de la vida colectiva por medio de costumbres y valores de una sociedad en una época determinada), inscripta en las instituciones o en la Cultura.
       El deber es el acuerdo pleno entre nuestra voluntad subjetiva individual y la totalidad ética o moralidad.
       En el siglo XX, el filósofo francés Henri Bergson, como Hegel, procura comprender la relación deber-Cultura o deber-Historia y los cambios en las formas y en el contenido de la moralidad. Bergson distingue dos clases morales: la moral cerrada y la abierta.
III -  El DERECHO COMPARADO
            Tenemos una grande diferencia entre el derecho legislado, como el nuestro, y el derecho consuetudinario (no escrito, acostumbrado) como ocurre en Inglaterra.
El  Derecho Mexicano
               El código mexicano en el artículo 156 establece como impedimentos para la celebración del casamiento, la embriaguez habitual, la morfinomanía, la heteromanía y el uso indebido y persistente de las demás drogas enervantes. La impotencia incurable para la cópula, la sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables, que sean además, contagiosas o hereditarias (inciso VIII), la idiocia y la imbecilidad (inciso IX).
               El derecho mexicano procura con esas medidas, proteger la salud de los novios de los males que les podrán ser causados si contraen matrimonio con personas portadoras de enfermedades consideradas como impeditivas del matrimonio.
               El Código de Menores del Estado Mexicano de Guerrero, en el Título II de la Protección Biológica, Capítulo I - de la Protección Preconcepcional, es más amplio que el Código Civil, estableciendo deberes a los ciudadanos para unirse legalmente, contribuyendo así, para la buena y sana población del Estado, siendo atribución de este proveer a sus conciudadanos nociones científicas de Eugenesia, en sus escuelas e instituciones sanitarias y asistenciales. (Art. 6º y 7º).
               Las mujeres y los hombres al alcanzar la pubertad, cumpliendo las determinaciones del Estado, tienen el deber de prepararse para la maternidad y paternidad a fin de que se realicen en las mejores condiciones biológicas, morales y sociales. (Art. 8º).
               El artículo 9º, incisos de I a IV, se refiere a la exigencia de la presentación de un certificado médico al oficial del Registro Civil, para que sea autorizada la celebración del matrimonio. El certificado médico deberá ser expedido por una institución sanitaria oficial o por médico particular, legalmente autorizado para ejercer la profesión, constando que la institución o el médico que lo expidió, instruya a los futuros contrayentes sobre la responsabilidad que les cabe en la procreación y en todos los riesgos que acarrearía la ocultación de alguna enfermedad transmisible entre ambos, o de padres para hijos.
               En el certificado deberá constar también, que ninguno de los contrayentes presenta datos clínicos de ninguna de las enfermedades que impiden el matrimonio, debiendo venir también acompañado de un atestado expedido por un laboratorio de análisis clínicos, oficial o particular, conteniendo resultado de los análisis sorológicos que se hayan hecho los pretendientes, para descubrir las enfermedades transmisibles, y que esté acompañado por una radiografía de los pulmones. El certificado médico pre-nupcial perderá la validez si no es utilizado dentro de los tres días siguientes al de su expedición. (Art. 10).
               En el artículo 11, incisos de I a X, tenemos enumeradas las enfermedades que impiden la celebración del casamiento, como la sífilis, la tuberculosis transmisible, la lepra, el alcoholismo inveterado, las toxicomanías, la idiocia o imbecilidad, la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva y la paranoia, la epilepsia constitucional, la corea de Huntington (enfermedad hereditaria que causa la demencia incurable a los treinta y cinco o cuarenta años, sólo manifestándose después que el individuo alcance la edad necesaria para tener hijos), la hemofilia (sólo en la mujer).
               Esos impedimentos no son dispensables, exceptuándose cuando la pareja tiene hijos, aunque viviendo en concubinato, cuando por seducción o violación, resulte embarazo, o en caso de muerte.
               Hay una punición penal de prisión de uno a ocho años para aquellos que aun sabiendo ser portadores de alguna de las enfermedades previstas en el artículo 11, tengan relaciones sexuales en condiciones propicias para la procreación.
               El Código de Menores del Estado Mexicano de Guerrero es entre las legislaciones modernas, el más completo en materia de principios de eugenesia, su preocupación no es esencialmente la prohibición de casamientos de personas enfermas, pero sí desarrollar en la población, a través de la orientación activa del estado, el ideal de preservarse las buenas condiciones de salud para legarlas también a los hijos, evitando la degeneración de la especie.
Derecho Francés
               En la ley francesa, encontramos una medida no tan rigurosa en cuanto a la prohibición del casamiento de personas portadoras de dolencias graves, que consiste en la necesidad de la presentación de un certificado pre-nupcial, antes de la boda que se celebrará.
               Sin embargo, PLANIOL y RIPERT, consideran esta disposición muy severa, "O porque favorece el concubinato, o porque es inhumano recusar el casamiento in extremis a un contagiado, y finalmente, porque su aplicación implicará una violación del secreto médico".
               En definitiva, una ley del 16/12/1942 (art. 4º), sustituida por una disposición de 02/11/1945, que disponía sobre la protección maternal e infantil, incluyó parcialmente en el contexto del artículo 63 del CC francés, la determinación de exigir que cada uno de los futuros esposos se someta, antes del casamiento, a un examen médico, donde el resultado es comunicado al propio interesado, permaneciendo él, libre para decidir por la realización o no del matrimonio.
               El certificado médico deberá ser entregado al oficial del Registro Civil, en el momento del casamiento, y prácticamente en el momento de la publicación previa. El mismo no contiene ninguna indicación sobre el estado de salud del interesado, pero el médico no debe entregarlo sin antes haber procedido a un examen radioscópico y a un examen sorológico.
               El certificado no debe datar de más de dos meses, pudiendo ser por tres meses para los casamientos por poder, en los casos en que el mismo es admitido. (Art. 63, línea 2).
               El oficial del Registro Civil que celebre el casamiento sin exigir el certificado médico, será procesado frente al tribunal de primera instancia y punido con una multa que no podrá exceder cien francos, hoy de dos mil a veinte mil francos. Un decreto del 15 de abril de 1946 estableció el modelo del certificado.
               El cónyuge sometido al examen por el médico de su elección, no tiene la obligación de comunicar el resultado del examen al oficial del Registro Civil, ni tampoco a su futuro cónyuge; se deja a su conciencia, para tomar el cuidado de los resultados médicos de las conclusiones que deben ser impuestas...
               En los casos graves, el Procurador de la República, en la circunscripción donde será celebrado el casamiento, puede exentar a los futuros esposos o alguno de ellos, de la entrega del certificado médico, y el mismo no es exigible en el caso de casamiento in extremis. (Art. 169, al. 2 y 3).
               COLINy CAPITANT, entienden que la medida adoptada por la ley prohibiendo el casamiento si no existe la presentación de un certificado médico anterior a las nupcias, no evitaría las uniones ilícitas, pues lo que es peligroso para la raza no es el casamiento, sino el acto sexual y la procreación de hijos por individuos enfermos. Si es imposible prohibir esos actos, es mejor, moral y socialmente dejar efectuarlos legítimamente, pues "el verdadero remedio no es la acumulación de las formalidades en vista del casamiento, sino en el progreso de la medicina y de la higiene de una parte, y de la educación moral de la otra".
               El examen médico pre-nupcial es una de las condiciones generales esenciales para que el casamiento se realice, su objetivo se destina a clarificar a los futuros esposos sobre las enfermedades contagiosas o hereditarias que cada un podrá tener y transmitir al otro.
               Pero, el examen médico en el sistema francés está contaminado de principios individualistas, dejando a los novios la libre elección del médico, y someterse al examen separadamente del otro cónyuge, quedando finalmente cada uno de ellos, sabiendo en absoluto secreto de los resultados del su propio examen.
               No están los novios obligados a comunicar el uno al otro las constataciones médicas, pues el certificado entregado por el médico y que debe ser entregado al oficial del Registro Civil atesta solamente que el interesado fue examinado en razón del casamiento.
               Un resultado desfavorable del examen no puede, por lo tanto, ocasionar un impedimento al casamiento, la ley hace solamente un apelo a la conciencia del enfermo, teniendo el médico sólo el deber de aconsejar a su paciente sobre las posibles y desastrosas consecuencias que el casamiento podrá ocasionar, quedando entonces, el casamiento a su libre arbitrio.
               La idea de un control médico de los casamientos encontró en Francia mucha desconfianza y la comisión de reforma del Código Civil se pronunció contra el mantenimiento del certificado pre-nupcial. La exigencia de esas medidas, entonces estarían evitando posibles acciones de anulación de casamiento o de divorcio.
Derecho Alemán
               En la época nacional socialista de Alemania, fue instituida la ley de la salud en el casamiento, datada el 18/10/1935, siendo obligatoria la presentación de un certificado médico que habilitaba a los cónyuges para el matrimonio.
               Si en el examen médico fuera constatado que los novios eran portadores de enfermedades infecciosas o hereditarias, o mentales, o que fueran también, incapaces por prodigalidad, alcoholismo o adictos, la ley les prohibía el casamiento.
               La actual ley alemana del casamiento, datada el 20/02/1946, no se refiere al examen pre-nupcial como requisito hábil para los cónyuges poder contraer matrimonio.
               En el § 4º prohíbe el casamiento entre parientes en la línea recta, entre hermanos bilaterales y unilaterales, así como entre afines en la línea recta, independientemente de basarse el parentesco en nacimiento legítimo o ilegítimo. No hace ninguna referencia al casamiento de colaterales de tercer grado, ni exige que los futuros novios presenten un certificado médico que les ateste gozar de buena salud y que están habilitados para el casamiento.
Derecho Italiano
               El artículo 83 del CC italiano dispone que no puede contraer matrimonio el novio por enfermedad mental. Es necesaria la presentación de un certificado médico que ateste la sanidad del futuro cónyuge, para que el juez juzgue el impedimento, debiendo ser juntado a los otros documentos que deben ser presentados al oficial del Registro Civil en el acto del pedido de celebración.
               Las enfermedades somáticas, con excepción de la impotencia, no constituyen impedimento al matrimonio, a pesar de ser muy discutido el problema de la eugenesia.
               En la Italia, el problema de la eugenesia fue ampliamente debatido en el Congreso de la Sociedad para el Progreso de las Ciencias, llevado a cabo en Nápoles, en abril de 1914, siendo invocadas normas dirigidas para impedir el casamiento entre personas enfermas.
               A la Cámara de los Diputados le fue propuesto que se introdujera una disposición en el Código Civil, de que los futuros cónyuges deberían exhibir, junto con los documentos para la publicación del matrimonio, la declaración, en forma auténtica de cada uno de ellos, de la presentación de un certificado médico atestando las condiciones sanitarias del otro. La justificativa de tal pedido se basaba principalmente, en el hecho de que muchos futuros esposos ignoran sus condiciones de salud, no evalúan la suficiencia de los síntomas de que puedan estar afectados y otros, despreciables y egoístas, fingen ignorar el propio estado físico que los excluye del matrimonio.
               Pero, la mayoría de la comisión no aprobó la inclusión en el sistema legislativo del CC italiano, del certificado pre-nupcial, sosteniendo las opiniones contrarias, que impedir el casamiento de aquellos que son portadores de enfermedades hereditarias, sería una medida injusta, contraria a los principios de la moralidad, lesiva a los derechos naturales referentes a cada uno de los individuos.
IV - DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA CIUDADANÍA
               La teoría del proceso, como valor cultural, no puede escapar a la idea de lo histórico. Los valores se expresan a través de formas que se insertan dentro de la conciencia de las épocas.1 La teoría del proceso por lo tanto, también refleja la idea de una época.
               En verdad, la teoría del proceso está marcada por la noción de Estado, propia de un determinado momento histórico. La teoría del proceso tiene como su instituto fundamental, la jurisdicción. La jurisdicción y los demás institutos fundamentales del proceso retiran su color de la noción de Estado. De ahí la importancia de la teoría general del Estado para el correcto diseño de los institutos procesales.
               Las normas Constitucionales trazan las líneas maestras de la teoría del proceso.2 Se trata de una “tutela constitucional del proceso”, que tiene por fin asegurar la conformación y el funcionamiento de los institutos procesales a los principios que son esculpidos de acuerdo con los valores constitucionais.3 La jurisdicción popular, a través del proceso, en el poder. Por otro lado, el derecho a la adecuada tutela jurisdiccional y a la efectividad de la defensa son garantías de justicia del ciudadano que descienden de la Constitución.4 En suma, no se puede pensar el proceso en ausencia de la luz constitucional. O mejor dicho, la teoría del Estado y el derecho constitucional forman parte de la moderna procesalística.
               El tema del acceso a la Justicia trabaja la teoría del proceso a partir de la idea de Democracia Social. El acceso a la justicia es el rótulo de la teoría procesal con la cuestión de la justicia social, justamente puesta por la Democracia Social.
               Democracia es un concepto más amplio que Estado de Derecho, que surgió como expresión jurídica de la democracia liberal.5  Pensaban los doctrinadores liberales que el Estado jurídico fuera capaz de rescatar la libertad de que el hombre disfrutaba en la sociedad pre-estatal o todavía dar la esa libertad preponderante, “haciendo del Estado el tímido siervo del individuo”.6
               En el Estado liberal no estaba en cuestión la libertad del hombre de las calles, pero sí la libertad del ciudadano. La igualdad era simple accesorio de la libertad, importando sólo para el reconocimiento de que todos eran igualmente libres.7 La crisis del Estado liberal, provocada por la insuficiencia de sus propios fundamentos, hizo emerger la cuestión de la justicia social. Un nuevo concepto de igualdad pasa a dar a la libertad otro valor. El Estado no es más sinónimo de gobierno para la libertad, asumiendo la figura de gobierno para el bienestar social. Se entiende que el mínimo de condiciones materiales es presupuesto para la libertad real, pasando el Estado a objetivar la realización de los llamados derechos sociales.8
               En la Constitución brasileña encontramos participación por vía representativa y participación por vía directa. De esa forma, se agrega al contenido de Estado que visa a la justicia social la necesidad de participación directa del ciudadano en el proceso político. La Constitución Federal/88, nuestra Magna Carta, fundó el Estado Democrático de Derecho, que debe realizar una democracia libre, justa y solidaria; participativa, involucrando la participación creciente del pueblo en el poder; y pluralista, porque respeta la pluralidad de ideas, culturas y etnias.9
               La Constitución otorga el derecho de petición a los órganos públicos en defensa de derechos, contra la ilegalidad y abuso de poder, impide la exclusión de la apreciación del Poder Judicial de cualquier lesión o amenaza al derecho y garantiza que nadie será procesado por autoridad incompetente. Torna cierto y seguro, los siguientes remedios constitucionales:
  1. el "habeas corpus" siempre que alguien sufra violación al derecho de ir y
venir;
  1. el mandato de seguridad (recurso de amparo) para la protección de derecho
líquido y cierto;
  1. el mandato de imposición en la ausencia de ley que imposibilite el ejercicio
de los derechos y libertades constitucionales;
d)  el "habeas data" para asegurar el acceso a los bancos de datos de carácter público o gubernamental. Protege y asevera la prestación de la asistencia judicial integral a los necesitados y la gratuidad en las acciones de       "habeas data" y "habeas corpus", y en los actos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía.
               A su vez, el preámbulo constitucional funda un Estado Democrático con el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios.
               En ese contexto, el acceso a la justicia se encuentra sedimentado en nuestra Carta Constitucional, en especial a las clases menos favorecidas, teniendo en consideración la garantía constitucional de la asistencia jurídica a los necesitados.
               A propósito, el acceso a la justicia no puede ser resumido en el simple acceso al Poder Judicial. El tema acceso a la justicia no se trata de simple "gratuidad universal en el acceso a los tribunales, tan cara a los ideales románticos del individualismo liberal y que, en todas partes se tiene por utópica, pero la garantía, esa sí universal, de que por vía judicial estaría franqueada para defensa de todo y cualquier derecho, tanto contra particulares, como contra poderes públicos, independientemente de las capacidades económicas de cada uno".
               En verdad, por acceso a la justicia se debe entender la protección a cualquier derecho, sin ninguna restricción económica. No basta la simple garantía formal de la defensa de los derechos y el acceso a los tribunales, sino la garantía de protección material de estos derechos, asegurando a todos los ciudadanos, independientemente de clase social, la práctica de lo justo.
               La "práctica del justo" suena deslumbrante. ¿Como cuestionar el acceso a la justicia como fin de la "práctica de lo justo"?  En la verdad, la práctica de lo justo exige a mi entender, lo que es justo para cada persona, mejor dicho: que garantice a cada persona la protección material de sus derechos, los cuales son definidos por una ley mayor-formal, que define exigencias, ideologías y racionalidades pre-determinadas por reglas impuestas.
            En ese contexto, es necesario aceptar los riesgos del sistema, asegurando a las personas el mínimo formalmente previsto, pero antes deberán los ciudadanos para asegurar la garantía de hacer valer sus derechos, tener condiciones mínimas socio-económicas, a través de la erradicación de la pobreza, del acceso al conocimiento del derecho y de la celeridad en la otorgación de la prestación jurisdiccional.
               De desconocimiento del Derecho - La Investigación Nacional por Muestra de Domicilios del IBGE (equivalente brasileño al INDEC), concluyó que solamente 45 % de los ciudadanos que se involucraron en conflictos judiciales entraron con acción judicial, siendo que el restante,  no buscaron ninguna protección junto al Poder Judicial. A propósito, cerca de 60 % (sesenta porciento) del universo del restante (esto es, de los entrevistados que no se involucraron con la justicia), no buscaron el Poder Judicial porque no sabían como utilizarlo, es decir, de cada 100 (cien) entrevistados, un total de 33 personas no buscaron la justicia por puro desconocimiento del derecho. De ahí el porqué del diferente procedimiento al aplicar el Derecho Procesal Civil, en la Justicia Federal y en la Justicia Estadual (Provincial).
               De ese modo, los ciudadanos solamente podrán usufructuar la garantía formal de la ley ante los tribunales si conocen la ley y sus derechos. Caso contrario, será “letra muerta” la disposición constitucional que prevé que el Estado prestará asistencia jurídica integral a los necesitados, además de sucumbir el principio de la igualdad jurídica que rige que dentro de una misma condición jurídica todas las personas deben ser tratadas de forma igual, independientemente de la desigualdad financiera o económica, verdadera utopía, ya que en la aplicación de los dictámenes formales,  hasta mismo el conocimiento de la ley, obliga la entrega diferenciada de la tutela jurisdiccional, el Estado cobijador, debería observar y diligenciar en el sentido de dar tratamiento igualitario la todos los ciudadanos.
               La diseminación del conocimiento del derecho en la sociedad, es deber del Estado, tribunales, organizaciones públicas y privadas, asociaciones, sindicatos y demás entidades sociales. Pensamos que para la propagación del uso del derecho, el Estado representado por los órganos públicos, desarrollaría campañas para la difusión del conocimiento del derecho en todas las clases sociales. De forma conjunta, las organizaciones privadas implantarían programas de distribución de material didáctico para sus empleados y familiares, con el objetivo de proporcionar el conocimiento de derechos y facilitar el acceso al Poder Judicial. Todo esto, con el apoyo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) que participarían lado a lado con el sistema, con campañas de concientización de los derechos de sus asociados, a través de la prensa, impresión de cartillas y folletos, sitios en 'internet', cursos, revistas, entre otras formas de divulgación del derecho.
               En verdad, el órgano que debería ser el más interesado en proporcionar el acceso a la justicia, casi no posee programas de divulgación de conocimiento del derecho. Los tribunales deberían asumir una parte de estos encargos con aclaraciones de ámbito municipal, estadual (provincial) y federal a la población, objetivando facilitar el acceso a la justicia. En la Justicia Federal encontramos a través del “sitio de internet” todo un aparato para el acompañamiento on line, de los procesos y actos administrativos federal, así como el derecho de petición virtual, el que no ocurre en la Justicia Estadual (provincial), que en la mayoría de las veces el abogado, o la propia parte, tiene que diligenciar la práctica del acto jurídico para que tenga el curso de sus procesos, llevando una demora acentuada, así como la “buena voluntad” individual de los empleados, jueces, fiscales, etc., propiciando inclusive las malezas de la “corrupción” activa, o pasiva.
               En ese contexto, las cuestiones cotidianas podrían ser clarificadas por los órganos del Poder Judicial, con la publicación de folletos o cartillas instruyendo al ciudadano cómo resolver sus problemas con la justicia y tener acceso junto al Poder Judicial.
               Sin embargo, como se ve, no basta al Poder Judicial buscar mejorar el acceso a la justicia con el perfeccionamiento de los instrumentos y condiciones materiales de trabajo, pero debe también asegurar la diseminación del conocimiento del derecho  con vistas a posibilitar y facilitar al acceso de la justicia la todas las clases sociales, comenzando a aplicar el código de procedimientos legales de forma igual para todos los que necesiten la solución de un conflicto de intereses tutelado por el Estado.
               Da pobreza y sus efectos - La dificultad de la población pobre del acceso a las informaciones que posibiliten el conocimiento del derecho, sumado al valor de las costas procesales del proceso en los tribunales, acarrea barreras socialmente inquebrantables para el acceso a la justicia, considerando el nivel precario de las condiciones económicas de la sociedad brasileña.
               En el Brasil, presenciamos una acentuada concentración de ingresos, concomitante con la creciente miseria de la población. La situación es crítica, pues casi el 40 % de la población urbana sobrevive debajo de la línea de la pobreza. El reciente estudio divulgado por la Fundación Getúlio Vargas, coordinado por el economista Marcelo Neri, jefe del Centro de Políticas Sociales de la institución, revela que cerca de 50 millones de personas viven debajo de la línea de la pobreza.
               Se destaca que el 83 % (ochenta y tres porciento) de la población económicamente activa nacional no posee condiciones económico-financieras para arcar con las costas judiciales, ya que sobreviven con un ingreso mensual de hasta 05 (cinco) salarios mínimos, cuyos rendimientos son utilizados para los gastos básicos de vivienda, alimentación, salud, educación, transporte, entre otros. Esto significa, que en la justicia civil del Estado donde los juzgados (Cartórios) están privatizados y las costas procesales casi siempre exceden tres salarios mínimos, gran parte de la población económicamente activa no posee condiciones de arcar con las costas procesales.
               Parece que la primera alternativa que salta a los ojos para la solución de esta dificultad sería la asistencia judicial para todos, con la extinción de las costas procesales. A propósito, la simple exención de las costas judiciales no resolvería la cuestión, aunque se considere que la exclusión de las costas procesales traería beneficios al litigante de menor poder adquisitivo.
               La exención irrestricta de los gastos procesales probablemente beneficiaría a las clases privilegiadas, además de exigirse la cobranza de nuevos impuestos para el rateo del pago de los gastos del proceso por toda la sociedad.
               Además de eso, las partes litigantes necesitarían de la contratación de un abogado, de peritos, asistentes, entre otros profesionales, encareciendo los costos del trámite procesal.
               Súmese todavía, que la contratación de abogados y auxiliares de la justicia gratuitamente ocasiona baja calidad de servicios. Según Boaventura de Souza Santos en el inmediato postguerra vigoraba en la mayoría de los países la asistencia judicial gratuita, registrando que la "calidad de los servicios jurídicos era bajísima, desde que ausente la motivación económica, la distribución acababa por recaer en abogados sin experiencia y a veces todavía no plenamente profesionalizados”.
               Nos parece que aun suministrando a los necesitados, abogados y auxiliares de la justicia competentes, corremos el riesgo que el profesional contratado para la defensa de un pobre, no lo defienda de manera idéntica a que si hubiera sido contratado por una persona de recursos. Además, la adopción de este sistema - gratuidad integral de todos los gastos procesales - solamente resolvería los obstáculos económicos del acceso a la justicia, dejando adormecido y sin ninguna solución de las barreras sociales y culturales de la sociedad.
               En otras palabras, la solución económica de acceso a la justicia no resolvería la educación jurídica de los ciudadanos y la concientización de los derechos sociales de los trabajadores, consumidores, inquilinos, jóvenes, mujeres, niños, negros, entre otros.
               En ese contexto, la mejor solución sería acabar con los millones de carentes, con vistas la modificar el gravísimo cuadro social del país, pues estos excluidos ni siquiera son agraciados con los derechos fundamentales de primera y segunda generación, aún más con la posibilidad de acceso a la justicia.
               Los hechos políticos, sociales y económicos ocurridos el Brasil, demuestran la política neoliberal implementada en todos los sectores por el Gobierno Federal. Las esperanzas de extirpar de la sociedad brasileña los millones de excluidos es muy distante, por consecuencia, se torna también imposible eliminar la pobreza. El pleno acceso a la Justicia sólo será posible con la erradicación de la pobreza o con mecanismos que aseguran efectivamente el acceso de los carentes y excluidos, lo que nos parece imposible frente a las políticas neoliberales impuestas por el gobierno.
               De la lentitud de la Justicia - La morosidad en la solución de conflictos consiste en la crítica más férrea dirigida al Poder Judicial. En la medida que la Constitución asegura el acceso a la justicia, concomitante con la garantía de la apreciación judicial de cualquier lesión o amenaza al derecho, el Estado en la práctica ha creado normas y exigencias que dificultan el acceso a los tribunales. Además de eso, diversos otros factores prácticos dificultan un juzgamiento definitivo y rápido por el Poder Judicial, tales como: (a) instrumentos y condiciones materiales de trabajo; (b) perfeccionamiento en los procedimientos administrativos y legales de los tribunales; (c) reorganización judicial; (d) exceso de trabajo; (e) exceso de formalismo y ritualismo descripto en nuestros códigos (f) formación de jueces y abogados comprometidos con la preservación del acceso a la justicia, entre otros.
               A su vez, el legislador ha facilitado el acceso de la sociedad a la justicia con la vigencia de la Ley de la Acción Civil Pública (Ley 7.347/85), del Código de Defensa del Consumidor que instituyó la acción colectiva (Ley 8.078/90), de la Ley de los Juzgados Especiales Civiles y Criminales (Ley 9.099/95), de la Ley antimonopolio (Ley 8.894/94), del Estatuto del Niño y del Adolescente (Ley 8.069/90), que trajeron varias transformaciones de acceso colectivo de la sociedad, con garantía de protección a los derechos difusos, colectivos e individuales, facilitando el acceso de la población más carente al Poder Judicial sin ninguna carga en razón de la exención de los gastos procesales, además de permitir que sociedad civil (asociaciones y sindicatos), en conjunto con los órganos públicos tengan legitimidad para proponer acciones de intereses difusos, colectivos e individuales.
               A pesar de los enormes esfuerzos que están siendo hechos en Brasil y en el mundo, la demora de las decisiones judiciales trae un riesgo a las partes, traduciendo muchas veces en daños irreparables a los litigantes.
               Aunque la lentitud del proceso no sea solamente un problema brasileño, la conciencia de la sociedad en los días actuales pasa a exigir la celeridad en los hechos. Para eso, debe el Estado aumentar las inversiones en las estructuras de las organizaciones judiciales, difundir a través de sus órganos el conocimiento del derecho, erradicar la pobreza en nuestro país y asegurar el acceso al orden jurídico justo. En otras palabras, la conciencia social moderna brasileña pasa a exigir que los tribunales nacionales aseguren el acceso a la justicia, a través de la modernización del proceso y de procedimientos operacionales y procesales, objetivando atender los deseos sociales de una justicia ecuánime y justa para todos.
               Finalizando, la sociedad brasileña exige transformaciones que posibiliten el acceso al orden jurídico justo. Es la conciencia de los órganos públicos, de la magistratura, del executivo, del legislativo y de la sociedad como un todo, es decir, el clamor nacional contra la negación del acceso a la justicia de la población.
 
               El derecho fundamental del acceso a la Justicia se encuentra sedimentado en nuestra Constitución, incumbiéndole al Estado la prestación de asistencia jurídica integral a los necesitados (Art 5º, LXXIV). No obstante la garantía constitucional de acceso a la justicia, se observa por el análisis social y factual de la sociedad que se trata de un derecho estrictamente formal, derivados de los innumerables obstáculos y factores que dificultan el acceso al sistema jurídico nacional.
               A propósito, esto puede ser comprobado por el análisis de las informaciones existentes en el "Banco de Datos del Poder Judicial". Sino veamos: La media nacional, en el año de 2000, es de 01 (un) juez para cada 22.680 habitantes, mientras en Alemania, la media es de 01 (un) juez para cada 3.000 habitantes.
               Ocurre que en Brasil el número de jueces a nivel nacional es de 7.231 (en 2000) para atender una población de 163.998.652 habitantes (en 1999), siendo que el ideal considerando la media en Alemania debería ser de 54.666 jueces.
               En el año de 2.000 fueron distribuidos 11.207.948 procesos en primera instancia, 1.741.182 en Segunda instancia y 244.911 en los Tribunales Superiores. En otras palabras, el número de procesos distribuidos en primera instancia en comparación con el número de habitantes del país (1999 163.998.652), corresponde al porcentaje de 6,8 %. De la misma forma, si comparamos el número de procesos distribuidos en primera instancia con la Población Económicamente activa (PEA 69.558.975), este porcentual pasa para 16,1 %.
               A propósito, de las sentencias dadas en primera instancia, en media 15,5 % presentan recursos a los tribunales Estaduales (Provinciales), Regionales y Laboral. De la misma forma, de los acuerdos de segunda instancia, aproximadamente 14 % de los procesos presentan recursos al Superior Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal.
 
               Por último, comparándose el número de procesos distribuidos en los Tribunales Estaduales (Provinciales), Regionales y Laboral (1.741.182), con la población en el año de 1999 (163.998.552), se tiene el porcentual de 1,0% de la población con acceso a los tribunales estaduales, regionales y laboral. Ya para los Tribunales Superiores (244.911), se tiene 0,14 % de la población con acceso al Superior Tribunal de Justicia y Supremo Tribunal Federal.
               Por lo tanto, concluimos que las costas frente a las Justicias Estadual (Provincial) y Federal, son infinitamente distantes, dificultando en sobremanera, el acceso la justicia Estadual (Provincial), y en la Federal tenemos una mejor aplicación de la tabla de costas ya que el valor de la causa, o sea del provecho económico de la causa, o todavía el objeto de la discusión y del conflicto de intereses, es quien estipula el pago de las costas, mientras que en la Justicia Estadual, el Tribunal elabora una tabla progresiva para la colecta de las costas; en la Justicia Federal, el valor es calculado en la base de 0,5% del valor de la causa, en el inicio y el restante en el final de la demanda, llegando a un total de 1% del provecho económico oriundo del litigio.
               En la justicia Estadual (Provincial) el valor medio de las costas procesales de una acción sin pericia judicial es de R$ 286,64; con pericia R$ 2.286,64; con recurso para el Tribunal de Justicia R$ 2.290,39; con recurso a los Tribunales Superiores R$ 2.440,39 50.
               En la Justicia Federal el valor medio de las costas procesales de una acción sin pericia judicial es de R$ 10,00; con pericia R$ 510,00; con recurso al Tribunal Regional Federal R$ 510,00; con recurso a los Tribunales Superiores R$ 650,00. Si hay pericia se acrecientan más R$ 500,00.
               En el juzgado Especial en primera instancia las costas procesales son exentas; para recorrer el grupo recursal del Juzgado Especial - R$ 3,75.
               En la Justicia Estadual (Provincial) y Federal el plazo medio de un proceso en primera instancia es de 06 meses y con recurso a los tribunales de 24 meses, totalizando 02 (dos) años y 06 (seis) meses.
V -   CONCLUSIONES
                      La sociedad debe exigir que el Estado promueva la protección de los derechos y el acceso a los tribunales. En efecto, le cabe al Estado perfeccionar y modernizar el orden jurídico de forma justa, célere y eficiente, con apoyo y participación de todos los ciudadanos.
         En otras palabras, el Estado deberá mantener lo que existe de bueno en la Justicia y equiparla con mejores herramientas de trabajo, a través de la creatividad operacional, legislativa y económica de los tres poderes estatales a nivel federal, estadual (provincial) y municipal, concomitante con la participación y cooperación de las organizaciones, asociaciones privadas y demás foros sociales.
         El acceso a la justicia consiste en la protección de cualquier derecho, sin ninguna restricción económica, social o política. No basta la simple garantía formal de la defensa de los derechos y el acceso a los tribunales, sino la garantía de la protección material de estos derechos, asegurando a todos los ciudadanos, independientemente de la clase social, el orden jurídico justo;
           No basta la mejora del acceso a la justicia con el perfeccionamiento de los instrumentos y condiciones materiales de trabajo, los programas deben asegurar la diseminación del conocimiento del derecho con vistas a posibilitar el acceso a la jurisdicción a todas las clases sociales, considerando que el 33 % (treinta y tres porciento) de la población no utiliza la justicia porque no sabe, o no conoce sus derechos.
          La diseminación del conocimiento del derecho es deber de toda la sociedad, con la finalidad de facilitar el acceso a la justicia, debiendo ser establecido un plan integrado de acciones entre todos los seguimientos sociales, a través de la impresión de cartillas, distribución de folletos explicativos, divulgación de derechos en sitios de 'internet', realización de cursos de la comunidad local, campañas publicitarias en la prensa hablada y escrita, programas de televisión de concientización de los derechos, revistas especializadas para la educación de los derechos, juzgados itinerantes como los implantados en el Estado de São Paulo y en la Operación Playas en Paraná, y Justicia Itinerante en Bahía, entre otras formas;
          La realidad social brasileña demuestra que la mayoría de la población necesita de la asistencia jurídica integral, pues son excluidos. Los números no mienten: millones debajo de la línea de la pobreza, el 70% de la población tiene un ingreso familiar de hasta 03 (tres) salarios mínimos, 83% de la población de los asalariados tiene un ingreso mensual de hasta 05 (cinco) salarios mínimos, el 10 % más ricos se apropian del 50,6 % del ingreso nacional, el 10 % más pobres se apropian solamente del 7 % del ingreso nacional.
          La exclusión social y la pobreza son los mayores obstáculos de acceso a la justicia. El pleno acceso a la justicia sólo será posible con la erradicación de la pobreza o con la inclusión de los excluidos en el proceso de democratización de la justicia, a través de mecanismos que aseguren a los carentes el orden jurídico justo;
          La lentitud de la justicia no es solamente un problema brasileño, pero la sociedad en los días actuales exige la celeridad de los hechos. El Estado debe aumentar las inversiones en las estructuras de las organizaciones sociales, difundir a través de sus órganos el conocimiento del derecho, promover una mejor distribución de ingresos con la finalidad de erradicar la pobreza, objetivando atender los deseos sociales de una justicia ecuánime y justa para todos.
         El principio del doble grado de jurisdicción - el derecho de recursos de las decisiones de primera instancia -, no beneficia la mayoría de la población. Vean los números: En el año de 2.000, a nivel nacional, fueron distribuidos 11.207.948 procesos en primera instancia, 1.741.182 en segunda instancia y 244.991 en los Tribunales Superiores. Esto significa que del total de procesos distribuidos, el 15,5% presentan recursos a los Tribunales Estaduales, Regionales y Laboral y el 2,18 % presentan recursos al Superior Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Por otro lado, comparando el número de procesos distribuidos con la población del país en el año 1.999 (163.998.552), tenemos los siguientes resultados: (a) el 6,8 % de la población golpearon las puertas del Poder Judicial; (b) el 1,0% de la población recurrieron a los Tribunales estaduales (provinciales), regionales y laboral; (c) el 0,14 % de la población con acceso al Superior Tribunal de Justicia y Supremo Tribunal Federal. Por lo tanto, nos parece que los recursos a los tribunales deben ser restringidos y solamente serían admitidos en casos especiales previstos en ley.
         Los honorarios periciales en la justicia estadual (provincial) son abusivos y extorsivos, pueden llegar a R$ 2.000,00 por proceso; En la justicia Federal es en media de R$ 500,00;
         El plazo medio para juzgamiento de un proceso es de 2 años y 06 meses, en ambas justicias;
         Los Juzgados Especiales Civiles están contribuyendo para la agilización de los procesos y el acceso a la justicia. En Brasil existen 2.559 Juzgados Especiales Civiles y Criminales, fueron juzgados 1.096.871 procesos.
           Los juzgados Especiales Civiles y Criminales están efectuando una revolución en el Poder Judicial y pueden tornarse el gran marco de la justicia brasileña en la democratización del acceso a los Tribunales. Ejemplificando: En el Estado de São Paulo los Juzgados Especiales ya atienden 50 % de la demanda de la Justicia. El Estado de São Paulo creó los Juzgados Especiales Itinerantes, a través de unidades móviles del Tribunal de Justicia, las cuales se dislocan a los barrios más distantes y con alta densidad poblacional. El éxito de los Juzgados Especiales puede ser medido por los siguientes datos: En 1996 - año de su creación - fueron distribuidos setenta mil (70.000) procesos, en el año 2000 cuatrocientos mil (400.000) procesos en el Estado de São Paulo.
         Los avances asimilados por la Carta de 1988 son nítidos en relación a las garantías individuales, siendo que el instituto de la asistencia judicial ganó nueva definición que le amplió considerablemente el alcance (Art. 5º, LXXIV), por el que ahora, le incumbe al Estado prestar asistencia jurídica integral a los necesitados, es decir, esa asistencia pasa la tener mayor alcance, extrapolando los límites de las acciones judiciales, pues donde quiera que se haga necesaria la presencia de un abogado, el ciudadano comprobadamente necesitado tendrá derecho de invocar la asistencia del Estado. Para viabilizar la referida garantía, la Constitución Federal incluyó la Defensoría Pública (Art. 134), siendo sancionada Ley Complementar nº 80, del 12 de enero de 1994, que "organiza la Defensoría Pública de la Unión (Estado Nacional), del Distrito Federal y de los Territorios, y prescribe normas generales para su organización en los Estados (Provincias) y da otras providencias".
         Se debe registrar que a pesar de las iniciativas gubernamentales de editar la Ley nº 9.099, del 26 de septiembre de 1995, que dispone sobre los Juzgados Especiales Civiles y Criminales para pequeñas causas, no consiguió implantar la Defensoría Pública, con sus cuadros, infraestructura y remuneración acordes con las demás funciones esenciales a la Justicia, el que refleja directamente en los Estados de la Federación (Provincias), comprometiendo la estructura judicial.
         El acceso a la Justicia debe estar garantizando a través de la modernización del proceso y de la creación de institutos y procedimientos procesales que atiendan a las expectativas de la sociedad, en el caso, la utilización de reingeniería y de calidad total, así definidos:
         Reingeniería = "técnica de gestión que se propone rever objetivos, estrategias, estructuras organizacionales, procesos de la acción administrativa, partiendo de cero, despreciando formas, organigramas y paradigmas existentes, para obtener determinados resultados".
         Calidad total = "técnica que visa la seguridad y la calidad del producto o servicio. Es un esfuerzo en el sentido de reducir a cero la posibilidad de ocurrencia de errores de procedimientos y la insatisfacción por parte del consumidor, de productos o beneficiarios de servicios".
         Varios son los factores que colaboran para la morosidad en la prestación jurisdiccional, destacándose en la lección de José Rogério Cruz y Tucci que "Realmente, la reiteración de acciones judiciales ha causado excesivo acúmulo de servicios para los órganos judiciales y, por vía de consecuencia, la morosidad en la pronta prestación jurisdiccional; la repetición de pedidos individualizados puede también propiciar el inconveniente de sentencias conflictivas difícilmente reparado por las vías recursales". (TUCCI, José Rogério Cruz y, Class Action y Mandado de Segurança Coletivo. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 39).
         El derecho fundamental de acceso del pobre a la Justicia ya se encuentra proclamado en la Constitución de la República Federativa del Brasil, tornándose necesaria mayor voluntad política para efectivizarlo a través de la inmediata modernización de la legislación, adecuándola a la realidad y a los deseos de la sociedad.
         La gran preocupación de la doctrina procesal moderna reside en el sentido de garantizar y alcanzar el acceso al "orden jurídico justo", según pondera Kazuo Watanabe, alterando el pensamiento anterior que se limitaba al acceso de las vías judiciales. El Estado es el medio propio y constitucionalmente legítimo a la realización de los derechos, cuyo fin debe ser el bien común, alcanzando a través de la ecuánime distribución de Justicia, la pacificación de los conflictos intersubjetivos, propiciando la deseada Paz Social.
           Los obstáculos de mayor relevancia para el pleno acceso a la Justicia son representados por los siguientes factores: a) económicos = cara producción de pruebas; b) social = falta de abogados y dificultad de acceso físico al Fórum; c) cultural = la mayor parte de la población no conoce sus propios derechos; d) psicológicos = miedo de procurar la Justicia; e) legislación y abogacía protelatorias, siendo que en la ponderación de Mauro Cappelletti para remover los referidos obstáculos sería necesario en primer lugar, la remoción de los obstáculos económicos, en segundo lugar la simplificación de los procedimientos, en tercer lugar nuevos derechos, y la concientización de que "... La duración excesiva del proceso es fuente de injusticia social, porque el grado de resistencia del pobre es menor que el grado de resistencia del rico; este último y no el primero, puede normalmente esperar sin daño grave una justicia lenta".
          El Estado Democrático de Derecho se debe preocupar con los mecanismos de participación política y alcanzar sus finalidades sociales, políticas y jurídicas.
          La existencia de la Justicia Laboral (Justicia Federal) puede ser citada como ejemplo de garantía de acceso a la Justicia y a la ciudadanía, cuyo mantenimiento es necesario como forma de asegurar al trabajador la satisfacción de sus derechos, visto que la misma ha demostrado a los largo de los años su importancia como garantizadora de un orden jurídico justo y célere, necesitando apenas de algunas reformulaciones procesales para propiciar mayor celeridad en la entrega de la prestación judicial. La Justicia Laboral, frente a su celeridad y eficacia fue utilizada inclusive, como fuente inspiradora para la creación de los Juzgados Especiales.
          La población tiene derecho al mantenimiento y perfeccionamiento de su amplio derecho de acceso a la Justicia, célere y justa, cabiéndole al Estado modernizarla para mejor, dado el caso, manteniendo lo que posee de bueno y abasteciendo mejores herramientas de trabajo a los operadores del derecho.
EL MAGISTRADO Y EL IDEAL DE JUSTICIA
                              A partir de NICETO ALCALA-ZAMORA, con su teoría teleológica del proceso, se multiplicaron las convicciones de que el proceso, además de vehículo de sujeción de una parte a la otra, es medio o método e instrumento del poder jurisdiccional del Estado en las manos del juez "con vistas al objetivo de hacer justicia". El proceso sería así, el instrumento de la subjetividad del juez en la pacificación de los conflictos, cumpliendo objetivos sociales, políticos y jurídicos.
            Véase que en esa línea teleológica, el término justicia es usado en el lenguaje jurídico, en la mayoría de los autores con significación equívoca, como también se encuentra en el texto de leyes brasileñas y extranjeras. No se sabe si justicia es el Poder Judicial, si es el resultado de un juzgamiento popularmente aplaudido, si un valor sólo perceptible por el solipsismo de la jurisdicción o un valor que esté encima de la ley y que sea el fin último de una sociedad ideal y carismática, a construirse sobre principios no esclarecidos de una ética social de vocación hegeliana.
               Si la idea de justicia es entendida como enseña el eminente profesor JOAQUIM CARLOS SALGADO, "como orden racional de la libre convivencia de los hombres", claro que nada tendría esa "idea de justicia" con la idea de "hacer justicia" particularizada en los órganos jurisdiccionales nosumisos a la positividad sistémico-normativa del orden jurídico del Estado Democrático de Derecho.
               Se señala que, mientras los clásicos defensores de la corriente teleológica del proceso desarrollada por ALCALA-ZAMORA colocaban en el "poder jurisdiccional" del Estado, la finalidad última de tornar el proceso efectivo, los llamados instrumentalistas de hoy, de DINAMARCO a WATANABE y de éste a RUY PORTANOVA, con su "justicia alternativa", pregonaban que el juez puede mejorar la ley y ser el intérprete nato de los valores sociales y políticos. Creen posible que el proceso transcienda la estructura procedimental, para en las manos del juez, asegurar la estabilidad de las instituciones según personalísimos"criterios vigentes de justicia".
               Y se debe observar que elsubjetivismo autoritarista del siglo XIX está siendo sustituido según nuestra forma de ver, por una teoría que a él se iguala, que es la del personalismo hermenéutico que atribuye a unos pocos, porque cubiertos de deber-función estatal de juzgar o fiscalizar la ley, es preferible inteligencia y "sentido de justicia", a otros, que serían meros operadores del Derecho, como los abogados, a los que siquiera se les reconoce la imprescindibilidad de su actuación como presupuesto fundamental irrestricto (art. 133 de la CR/88) de validad, legitimidad, eficacia y control de la actividad jurisdiccional.
               Concebir el proceso como instrumentador de la jurisdicción y al ejercicio de esa jurisdicción, evitar la participación del abogado en todo el ítem estructural de los procedimientos es paradójicamente, negar la efectividad del proceso como derecho-garantía constitucional de construcción de las providencias y de la jurisprudencia por el contradictorio y amplia defensa.
               Es cierto que según recuerda BARBOSA MOREIRA, el juez no se limita a "una postura de estatua", sino que como advierte el Prof. AROLDO PLÍNIO GONÇALVES, "la participación del juez no lo transforma en un contradictor, él no participa en contradictorio con las partes, él no es un interesado o contra-interesado en la providencia". Además, según LIEBMAN, el Código de Proceso Civil no es otra cosa a no ser la ley reglamentaria de garantías contenidas en la Constitución, revelando lo que hoy se llama de Jurisdicción Constitucional que según SAGÜÉS, se hace por el derecho procesal constitucional y no más por la actividad del juez o por un poder totalitario del Estado.
               Una excepción mencionó WALTER CENEVIVA, columnista responsable de Las Cuestiones Jurídicas del periódico "Folha de São Paulo'', cuando comentó la decisión promulgada en el Caso Herzog, resaltando que "la valoración de la sentencia termina por darle dignidad mayor, emana de otra de las más nobles cualidades que el magistrado debe tener: valentía''.
               De hecho, no hay nada más angustiante para los que dependen de la máquina judicial, que el Juez temeroso ante el poder y los poderosos, pues se recela mucho de aquel que, al sentenciar, evalúa cuidadosamente las reacciones políticas quesu decisión provocará en el Tribunal, pesando los efectos que podrá tener en sus futuras promociones para sólo después, pensar en hacer eventualmente Justicia. Y concluye: "El perezoso es una tragedia. No es peor que el tibio, o el temeroso, o el asustadizo, que los hay lamentablemente''.
               Pero, la valentía del magistrado no se manifiesta únicamente en las grandes decisiones, conceptuadas éstas como las que contrarían los intereses de los ricos, de los poderosos, de los detentadores de poder de cualquier especie.
               Sin pretender abordar el área de la literatura jurídica, cuánta demostración de valentía no ocurre en el día a día, sobre las decisiones aparentemente simples de anónimos Jueces, tanto en la Capital como en el Interior. Es verdad que sus sentencias no ganan proyección nacional; a veces, ni siquiera estadual (provincial). Mientras tanto, son decisiones que contrarían ciertos y considerables intereses, y quesolamente son dictadas cuando el Juez se ampara en su templado coraje moral, procurando decidir de acuerdo con su conciencia y no con la mera conveniencia coyuntural de forma que no le acarree ninguna modalidad de trastorno o inconveniencia funcional.
            Procede la aseveración por todos proclamada, de que cuando los Jueces tengan miedo, nadie dormirá en paz. Por ser los Jueces figuras humanas, seres contingentes sujetos la todos los males y formas de presión - a las seducciones de la amistad, del partidismo, a la presión de los gobiernos y de la gente poderosa – se impone la necesidad de que sean disminuidas todo lo posible, las diversas formas de presión a las cuales están sujetos todos los magistrados. Y una de ellas, sino la más grave, reside exactamente en la forma de la promoción del Magistrado, que todavía se procesa por criterios predominantemente personales.
               La dependencia a la promoción ha traído trastornos a los jurisdiccionados en la medida en que el Juez, en la procura de compatibilizar su actuación con la posibilidad de acceso en la carrera, puede sacrificar los legítimos derechos puestos en su apreciación judicial para no entrar en confrontación con otros intereses de los órganos de selección. En tal contexto, ¿Cómo se puede exigir de un Juez, por innumerables veces impedido por la ley, a decidir contrariamente a los intereses de los poderosos, serenidad en la decisión que podrá comprometer irremediablemente su carrera profesional? La dosis de coraje que se le exige, transciende naturalmente el nivel de normalidad. Y para que la Justicia sea aplicada, no es necesario exigir que provenga de unhéroe. Sólo basta que venga de un juez. Juez con valentía y coraje, como todos deben ser.
               "Ningún magistrado debería merecer elogios por ser valiente y capaz. Es una obligación de él. Deber elemental inherente a su profesión'', dice WALTER CENEVIVA. De hecho, en el concepto de PIERO CALAMANDREI, son cualidades del Juez "la imparcialidad, la resistencia la todas las seducciones del sentimiento, su indiferencia serena, casi sacerdotal',("Ellos, los Jueces, vistos por Nosotros, los Abogados''),el que comulga con la idea de COUTURE, para quien de la dignidad del Juez depende la dignidad del Derecho, en la medida en que "el Derecho valdrá, en un país y en un momento histórico determinados, el que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrádormir tranquilo'' ("Introducción al Estudio del Proceso Civil'', página 75).
            Para evitar exactamente, que sólo los extremadamente valientes, en tales situaciones, tengan la hombría de hacer Justicia, ¿Por qué no reducir (lo ideal sería eliminar) la posibilidad de injerencia de otros intereses, sino aquel predominantemente público, en la promoción del magistrado? El tiempo pasa, las leyes se modifican pero no existe el enfrentamiento valiente de esa relevante cuestión, predominando la inconsistente aseveración de que el ordenamiento jurídico cuida tal promoción por criterios de antigüedad y de merecimiento, y que este último es siempre evaluado por datos predominantemente objetivos.
               El tema, por relevante y grave, no merece quedar sólo en el campo de las reflexiones. Urge que en beneficio de los propios jurisdiccionados, se creen mejores condiciones para que el Juez desempeñe su ardua misión no sólo con la protección de los predicamentos de la Magistratura, sino con la tranquilidad en saber que su desempeño predominantemente jurisdiccional no podrá afectar su carrera profesional.
               Un gran paso fue dado con la reconquista de las garantías constitucionales de la magistratura - suspendidas durante el período revolucionario - que, aliadas al coraje que debe todo Juez poseer, posibilitarán que las decisiones judiciales queden inmunes a determinadas influencias e imposiciones. Esto, sin dudas, será una garantía para los jurisdicionados y para la seguridad social.
            Aun en el período en que tales garantías estaban suspendidas, es muy justo reconocer que la Magistratura, por una expresiva mayoría de sus miembros, nunca se ha dejado atemorizar por la supresión de aquellos predicamentos.
               A pesar de todos los “pero” indicados, tales obstáculos no tienen aún, la fuerza de impedir que diariamente haya en los diversos foros, eternas manifestaciones de coraje en innumerables aparentes simples prestaciones jurisdiccionales.
            Toda esta digresión fue sólo para concordar, in totum, con el punto de vista de WALTER CENEVIVA. El coraje de la decisión comentada mereció ser incluida en los anales forenses, al mismo tiempo de constituir un marco en la vida judicial brasileña. Y con él, innumerables otras existen, aunque en el anonimato, que sólo vinieron al mundo jurídico gracias a la valentía desmedida de sus promulgadores, probando que la Magistratura brasileña, obligadamente, está compuesta por inmensa mayoría, de Jueces que ostentan la noble calidad de la valentía.
               La abogacía por lo tanto, desde tempos inmemorables, está ejercida personal e individualmente por el abogado. Y en el desempeño de esa importante función, el abogado aunque esté asociado, es solitario. Ese aislamiento que caracteriza la profesión, genera un deber íntimo de probidad, ponderando que el abogado es el único señor de su persona, el único juez de si mismo.
               Según lo ponderado por Mário Sérgio Duarte Garcia, las "dos cualidades esenciales del abogado son la libertad y la independencia, siendo ésta presupuesto de aquella. El abogado sólo está subordinado a su conciencia y no puede dejar de comportarse con absoluta independencia en relación al cliente y al juez, ante quien postula los intereses de su constituyente".
            Lamentando destacar por otro lado, que el ejercicio de la abogacía es una lucha permanente: lucha por la libertad, en la defensa de una persona, lucha para ver triunfar un derecho, lucha para hacer respetar un principio, lucha para evitar un arbitrio, lucha para desenmascarar una falacia, lucha a veces para atacar un potentado que abusa del su poderío. En esos combates, el abogado puede vivir todos los estados pasionales emergentes del alma: el entusiasmo, la indignación, la cólera, el desprecio. Sin embargo, está obligado a la moderación, y el respeto por este sentimiento le asegura tanto mayor autoridad como mayor calma, mostrados ante la continua tribulación en el ámbito en que trabaja.
INTERACCIÓN PROFESIONAL ENTRE ABOGADO Y JUEZ
(IMPEDIMENTO Y SOSPECHA) - Es evidente que en el día a día del foro, debe el abogado procurar relacionarse de modo cordial y urbano con todos los demás integrantes de la actividad forense - jueces, fiscales, escribanos, escribas, oficiales de justicia, etc.
            Y eso debe ser mantenido así, aunque el abogado deba recurrir a discusiones o negociaciones con las otras partes, siempre gozando de la garantía de libertad de que tradicionalmente disfruta el abogado en el ejercicio de su tarea. No se puede suponer que la moderación perjudica la energía. Téngase presente que los causídicos más implacables son precisamente los que traducen las violencias en delicadezas de desprecio e ironía.
            Incluidos, ex vi legis, en el mismo plano hierárquico, el abogado y el juez jamás deben externar en la práctica del respectivo oficio, ningún resentimiento personal.
               Haciéndolo, el abogado corre el riesgo de no colocarse en el lugar de defensor, sino en el de la propia parte. Está claro que la solidaridad con el cliente debe manifestarse discretamente, sin ostentación, sin espíritu de venganza - siempre respetado, en cualquier hipótesis el colega que representa a la otra parte -, para que no sea teñida la independencia profesional.
            Por otro lado, el juez que falta al respecto del abogado, ignora que sus funciones respectivas obedecen a la ley de los líquidos en vasos comunicantes: no se puede bajar el nivel de uno, sin bajar igualmente el nivel del otro.
            Pondera Maurice Garçon,que para ser asegurada su independencia, el abogado debe evitar cualquier familiaridad con la magistratura que se relacione con el ministerio de la profesión. Sucede con frecuencia en nuestro ambiente jurídico, que existe entre abogado y juez relaciones de intimidad provenidas no del foro, sino del trato social. Si así fuera, ni de cerca ni de lejos, deben transferirse estas relaciones para asuntos que al abogado le cabe cuidar y que el magistrado tiene que conocer por deber de oficio. Todo coloquio sobre tal materia puede interpretarse como solicitud y dejar a los dos interlocutores en situación como mínimo, muy incómoda.
            La intimidad entre el abogado y el juez puede ser también fuente de desagradables embates. En verdad, puede darse el caso de, en determinada cuestión, el abogado estar en franca oposición al juez, pero, dadas a las relaciones de amistad con el magistrado, encarrilar por transigencias que afecten los intereses del cliente. No hay dudas de que estas transigencias son inadmisibles; "ninguna consideración de cuño sentimental puede desviar el abogado del cumplimento de su deber; y tampoco que le cueste tener de escoger entre las apelaciones del corazón y los de la conciencia. No puede vacilar".
            Advierte a propósito, Angel Ossorio y Gallardo que el abogado jamás puede abdicar de los elementos reunidos en beneficio de la defensa de la causa que le es confiada, por motivos de respeto, amistad o delicadeza. Cuando el abogado comienza su función, renuncia a todo que no esté al servicio de la defensa...
LA VERTIENTE OCULTA DE LA SENTENCIA JUDICIAL
El abogado y el juez, que son hombres como cualquier persona, tienen sentimientos profundos. La experiencia realmente demuestra que la formación moral y cultural de los protagonistas de la justicia culmina interfiriendo con el ejercicio de la profesión. No son raros los sucesos, en época contemporánea, que revelan las dificultades que emergen de la relación abogado - juez.
            Es indiscutible que la amistad personal entre el causídico y el órgano jurisdiccional no es, en muchas ocasiones, una circunstancia que pueda ser útil al cliente, "pues se el juez es escrupuloso y poseedor de sólido carácter, tiene tanto miedo que la amistad pueda inconscientemente inducirlo a ser parcial en pro del cliente del amigo, que es naturalmente llevado, por reacción a ser injusto contra él".
               Para un juez honesto - afirmaCalamandrei -, "que tenga de decidir una causa entre un amigo y un indiferente, es preciso mayor fuerza para dar razón al amigo de que para negársela; es preciso mayor coraje para ser justo, arriesgándose a parecer injusto, de que para ser injusto, aunque queden salvas las apariencias de la justicia"
               Pero lamentablemente el ideal de exención que debería triunfar durante todo el desarrollar del procedimiento judicial y sobre todo en el momento que magistrado profiera el juzgamiento, por fuerza de inexorables determinantes de la relación humana, no siempre es verificado.
            En varias ocasiones no es posible individualizar en los actos decisorios, aquellos preconceptos y valoraciones inherentes a la personalidad de los hombres. Abandonada la vetusta teoría que encerraba la decisión a un simple silogismo en los cuadrantes de la lógica formal, no se puede negar, de esta forma que la sentencia se consustancia con un acto extremadamente complejo. Se sabe hoy que antes de la propia fundamentación, el juez construye el dispositivo, para en seguida, buscar en la motivación, argumentos que se prestan la justificarlo.
               Asimismo no fue por otro motivo que Cappelletti llegó a afirmar que, efectivamente en muchas circunstancias, los verdaderos fundamentos de la ratio decidendi no vienen expresados en la sentencia judicial, sino se encuentran velados en el espíritu del juzgador, "el sentimiento del juez: la simpatía, la antipatía por una de las partes o por un testigo; el interés, el desinterés por determinada cuestión o argumentación jurídica; la tendencia a un criterio evolutivo, histórico, sociológico de interpretación de las leyes, en lugar de una exégesis formal; el interés o no frente a un intrincado problema fáctico, y así sucesivamente.
               Sentimientos: afectos, tendencias, odios, rencores, convicciones, fanatismos; todas las variaciones de esta realidad misteriosa, maravillosa y terrible que es el alma humana, reflejadas con o sin disfraces, en las líneas frías de los repertorios de la jurisprudencia: pasiones desencadenadas, pasiones recogidas, ternuras y temores, en los estantes de los tribunales".
Pensar de modo diferente sería, sin dudas, mera hipocresía.
               El acto decisorio de índole jurisdiccional como emanación del poder estatal de que se reviste el juez, constituye por lo tanto, instrumento en verdad peligroso cuando está manchado, por cualquier motivo de orden material o espiritual, la imparcialidad que necesariamente debe exornar la administración de la justicia.
               Desviada la función jurisdiccional de su principal finalidad de atribuir con la debida exención, a cada uno lo que es suyo, se torna imperiosa la institución de mecanismos que cohíban tal lamentable práctica.
               Frente a la realidad de la vida, no puede existir duda en que la relación próxima o especialmente, la enemistad declarada entre el juez y el abogado de la causa acarrea una presunción objetiva de que el magistrado podrá dejarse influenciar por esa circunstancia.
            Para justificar la posición de la legislación italiana, Tullio Segrè recuerda que una hipótesis de profunda enemistad es aquella en que el juez ofrece representación al Ministerio Público por las ofensas que le fueron dirigidas por uno de los abogados de la causa, o lo mismo, pero en la situación contraria. Ahora, aquí el juez es un "probabile alleato della parte contraria al suo nemico...”.
               Concluyo así, que la postulación es un derecho irrenunciable que se estampa como exigencia indeclinable de la propia Justicia. No pretendiendo decir que esta postulación deba ser brillante y erudita pero que aunque no deba ser restringida a argumentos extravagantes y muchas veces vacíos de consistencia, por el contrario debe ser adecuada para garantizar la efectividad de la prestación jurisdiccional, y consecuentemente, la Justicia alcanzada por todos. En las palabras del Dr. Ives Gandra Martins: "El Derecho es la más universal de las aspiraciones humanas, pues sin él no hay organización social. El abogado es su primer intérprete." Se torna necesario recordar y nunca olvidar la siguiente frase que manifiesta a lo largo de la historia, sin duda alguna, el pensamiento mayoritario de los más nobles juristas, abogados, fiscales, jueces y del pueblo en general que es la siguiente :
"SIN ABOGADO NO HAY JUSTICIA Y SIN JUSTICIA NO HAY DEMOCRACIA"
 
 
 
 
 
V -  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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                                                                    DJALMA DA SILVA LEANDRO
                                                                                         JULIO/2012
 
1 - Ver Nelson Saldanha, O Estado Moderno e a Separação de Poderes, São Paulo, Saraiva, 1987 p. 73.
2  - Como dijo el Profesor Liebman, el estudio de los institutos del proceso, si es realizado ignorando o descuidando la ligación con los otros ramos del derecho y en particular con el derecho constitucional, se torna un tedioso y estéril cómputo de formalidades y de términos; él adquiere, al contrario, su verdadero significado y se enriquece de razones diversamente importantes cuando es entendido como el estudio del aparato indispensable de garantías y de procedimientos, establecido para la defensa de los derechos fundamentales del hombre, en rigor de la disciplina necesaria para una función pública. Cuando se toma en cuenta ese cuadro más amplio, se entiende el significado de una afirmación como esta: el Código de Proceso Civil no es otra cosa a no ser la ley reglamentaria de la garantía de justicia contenida en la Constitución (Enrico Tullio Liebman, “Diritto constituzionale y processo civile”, Rivista di diritto processuale, 1952, pp. 328-329).
 
3 -  Cf. Cândido R. Dinarmarco. A Instrumentalidade do processo, São Paulo, Malheiros Editores, 1994, p. 25.
 
4 -  Ver Adolfo Gelsi Bidart, “Incidência constitucional sobre O processo” RePro, v.30,  pp. 193-205.
 
5 -  Cf. José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo,15ª ed., São Paulo, Malheros Editores, 1998, p. 116. 
 
6 -  Cf. Paulo Bonavides, Do Estado liberal ao Estado social, 6ª ed., São Paulo, Malheros Editores, 1996, p. 40.
7  - Cf. Elival da Silva Ramos, A ação popular como instrumento de participação política, São Paulo, Ed. RT, 1991 p. 46.
8  -  Ver Elias Díaz, Estado de derecho y sociedad democrática,Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1973, pp. 95 y ss.
9  -  José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, cit. p.123..
Autor: Djalma Leandro
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