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PUBLICAÇÕES


DERECHO PRIVADO - 08/11/2012

 
DJALMA DA SILVA LEANDRO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHO PRIVADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monografía de Investigación presentada como exigencia para la obtención del título de Doctor en Ciencias Jurídicas, en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires - Argentina - UCA.
 
 
 
 
 
 
 
                              ORIENTADOR:  Prof. Dr. Fernando Ubiria
 
 Salvador – Bahia - Brasil
              2012

 
 
 
                              
Pontificia Universidad Católica Argentina
“Santa  María  de  los  Buenos  Aires”
 
FACULTAD DE DERECHO
 
DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
 
 
 
 
 
 
                                          SEMINARIO DE  DERECHO PRIVADO
 
 
 
“DERECHO CIVIL”
 
 
 
AUTOR  |  DJALMA DA SILVA LEANDRO
 
 
I.C.E.P.E.M.
 
 
PROFESOR DEL SEMINARIO  | DR. FERNANDO UBIRIA
 
 
 
 
FECHA DE CURSADA: FEBRERO 2012
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: JULIO/2012
 
Edificio Santa María de los Buenos Aires Av. Alicia M. de Justo 1300, 2do. piso (C1107AAZ) Buenos Aires.
www.uca.edu.ar. Teléfono: 4349-0200. Fax: 4349-0230 y 4349-0246.E-mail: secacad@uca.edu.ar
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA - UCA   
 
 
 
 DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS      DERECHO PRIVADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNO: DJALMA DA SILVA LEANDRO
 
MATRÍCULA Nº: 04-103311-9        D.N.I.  8.726.855         
 
CARRERA:           DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS
 
DISCIPLINA: DERECHO PRIVADO
 
 
PROFESOR:         DR. FERNANDO UBIRIA
 
 
 
FECHA DE ENTREGA: 10 de julio de 2012
 
 
 
 
 
                                                                                                                      DJALMA DA SILVA LEANDRO
                                                                                                                                                   JULIO/ 2012
 
                       

 
                                  
 
SUMARIO
 
                  I - Introducción
 
 
             II  - Reparación de Daños - Teoría del Desestímulo...................................
 
              
          III - LA FRAGMENTACIÓN DEL DERECHO - INSUSTENTABILIDAD
 
  • Visión crítica de la individualización del derecho privado
  • hermenéutica jurídica
  • la transdisciplinaridade  - visión holística
 
                IV – CONCLUSIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                V – BIBLIOGRAFÍA----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 -  INTRODUCCIÓN
               El “Derecho” es un tema muy envolvente, y siempre nos encontramos con problemas relacionados la él. Con la evolución de la humanidad, y con los medios de comunicación en masa, así como la “información” llevada a la práctica en los diversos segmentos de la comunicación escrita, hablada y televisiva, muchas veces vemos situaciones polémicas, y con resultados imprevisibles frente a los “ojos de la justicia”
               Diariamente nos encontramos con personas ligadas al derecho, en sus diversos ramos y especializaciones, que si enfurecen con la injusticia producida cotidianamente por el derecho, o mejor dicho, por la forma como este derecho está siendo construido, interpretado y aplicado en los días presentes; que creen que es posible cambiar ese modo de actuar el derecho; que ven en el “derecho” un instrumento de construcción de la justicia social; y que asumen la responsabilidad de luchar para que esta realidad se cumpla.
               El joven que sin tener muchas oportunidades, se esfuerza, lucha con sacrificio para mejorar sus conocimientos y contribuir mejor para el crecimiento de la humanidad y distribuir mejor las “igualdades de condiciones y valorización de los derechos humanos”. Se torna entonces un estudiante de Derecho.
               En la Universidad, está entusiasmado cuando se detiene en la lectura y en el estudio del artículo 5º de la Constitución de la República Federativa del Brasil. Ya que allí están plasmados los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos y de otros entes jurídicos. Ese entusiasmo ya viene reforzado por el propio "Preámbulo" de la Carta Magna, donde está dicho que nuestro Texto Básico tiene por finalidad, dentro del sistema democrático, asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad y la seguridad, siempre con la solución pacífica de las controversias.
               Señala que la “ley” es el punto de referencia, pues nuestro constituyente dejó expresado "que nadie será obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa, sino en virtud de la ley" (inciso II, Constitución Federal de Brasil, 1988). Constata que la Constitución concede seguridad, inclusive en relación al derecho de propiedad, desde que esta atienda su función social (incisos XII y XIII de la Constitución Federal de Brasil, 1988). Observa que el constituyente aseguró la todos, el derecho de petición a los poderes públicos en defensa de derechos o contra ilegalidad o abuso de poder, sin ninguna formalidad de procedimiento legal, así como el derecho de recibir informaciones de los “órganos públicos”, inclusive relativas a intereses particulares (incisos XXXIII y XXXIV Constitución Federal de Brasil, 1988).
               Y el entusiasmo de nuestro estudiante de Derecho va creciendo cuanto más se profundiza en el estudio del artículo 5º de la Carta Magna. Ya lee ahora, cierto de que podrá colocar en práctica su ideal, que la ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial, lesión o amenaza al derecho, así como también no perjudicará el derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada. Avanza en su estudio y va rápidamente la los incisos que más le tocan el alma juvenil de un “recién encantado” por el Derecho. En esas búsquedas y por las memorables clases de sus profesores, cosecha la enseñanza de que nadie será privado de la libertad el de sus bienes sin el debido proceso legal, el cual se materializa con el amplio derecho de defensa, con todos los despliegues debidos.
               Pero el entusiasmo de nuestro estudiante de derecho llega al auge cuando constata que el constituyente no olvidó de prever instrumentos hábiles la defensa de todos esos derechos fundamentales. Aprende que están insertados en nuestra Constitución, instrumentos eficaces para la defensa de esos derechos. Constata ahora, cuanto nuestro constituyente fue velador en la preservación de la libertad, al asegurar "habeas corpus" siempre que alguien sufra o se encuentre amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso de poder (inciso LXVIII Constitución Federal de Brasil, 1988). En los incisos siguientes, observa que no tratándose de la libertad de locomoción, también fue previsto el mandato de seguridad (recurso de amparo), inclusive el colectivo, para proteger derecho líquido y cierto, cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuera autoridad pública el agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del poder público.
               Con todo ese arsenal de garantías la los derechos fundamentales y los instrumentos para su defensa, nuestro estudiante de derecho concluyó su curso de habilitación, presta el examen de la OAB – Orden de los Abogados de Brasil, y se torna “abogado” apto, por lo tanto, para contribuir a la mejor aplicación del derecho, así como la garantía individual y colectiva de distribución igualitaria de la justicia. La expectativa de colocar en práctica todo lo aprendido, se desmorona cuando se encuentra con los “enfoques diferentes  y las distorsiones de la “teoría que aprendió en sus clases” en las doctrinas eruditas y brillantes, en las discusiones acaloradas, en sala de clases y con sus “colegas” en los seminarios de práctica forense. Finalmente, se decepciona.
               En este proyecto de investigación, pretendo demostrar y clarificar cómo encausar concretamente esta lucha, o mejor dicho, cómo utilizar los Códigos y diplomas procesales para conseguir una uniformidad de actos, prácticas y aplicación de la justicia, en los varios segmentos y especialización del derecho, para que podamos conseguir un mejor desempeño, y quién sabe, una ecuánime distribución de la justicia, con la simple obediencia de las leyes, con cambio de paradigmas,  abandonando para siempre la visión fragmentada del derecho, para una visión unificada con el rescate de lo obvio que hace mucho tiempo se ha olvidado, la valorización de la vida y valores humanos, como un bien mayor, es decir, el consumo sostenible
               Pretendo demostrar que al nacer, traemos intrínseco el SENTIDO DE JUSTICIA, que lo perdemos por dogmas y premisas impuestos por la sociedad con el Derecho Positivo, que no agota en sus previsiones todas las necesidades humanas, sino que por el contrario, propicia la injusticia, la mala distribución de ingresos, con la concentración del poder en manos de pocos, incentivando consecuentemente los conflictos de intereses, particularizándolos.
               La investigación intitulada UNIFICACIÓN DEL DERECHO - TRANSDISCIPLINARIEDAD, o simplemente DERECHO HOLÍSTICO,  objetiva respuestas la los cuestionamientos de muchos profesionales del derecho, en relación a la aplicación de los dictámenes previstos por el diploma de procedimiento legal, cuando se observa en la “teoría” y en la “práctica”, procedimientos diferenciados en la aplicación del Diploma Procesal, que fragmentados no alcanzan las actuales necesidades del hombre, que encierra un pensamiento que dicta que para que alguien tenga que ganar, algún otro tenga que perder.
               Los cuestionamientos comienzan en el enjuiciamiento de acciones, cuando vemos en la Justicia fragmentada (dichas especializadas en determinado ramo del derecho: trabajo, civil, consumidor, derecho del menor, penal, marítimo, aeronáutico, administrativo, constitucional, etc.), una práctica totalmente diferente en relación la lo obvio de la unicidad del derecho en la búsqueda de la reparación de una lesión, es decir, la Justicia. Las diversidades    se inician por la “distribución, protocolos, costas, competencias, publicaciones de los actos, prácticas de los actos jurídicos, tratamientos totalmente “opuestos” la los empleados, jueces, promotores, abogados y partes.
               El Estudio de la premisa UNIFICACIÓN DEL DERECHO - TRANSDISCIPLINARIEDAD, o simplemente DERECHO HOLÍSTICO, es de suma importancia en el mundo jurídico, principalmente para quien actúa con el derecho, habiendo escogido la profesión de “abogado” y poseer la capacidad postulatoria, pudiendo pues, hacer la diferencia.
               Pretende responder las dificultades encontradas, cuando tiene por “deber” observar la ética, aplicar el derecho, y aun “sobrevivir”.  Cuando se encuentra con un “cliente”  que se dice lesionado en un derecho líquido y cierto. El  abogado examina la causa y entiende adecuado el “mandato de seguridad” (recurso de amparo) para poner fin, con urgencia, a la grave violación al derecho líquido y cierto, ya que no existe otro recurso eficaz para ese fin.
               Requiere la seguridad, en la certeza de que la solución, por la propia naturaleza de la institución, tendrá una tramitación preferencial y rápida. Allí dependerá en cuál de las Justicias va la tramitar: ya que la Justicia se encuentra fragmentada.
               Si es en la Justicia Federal, tendrá realmente una aplicación rápida y solemne, con observancia de las formalidades, sin pedir favor a nadie, y sólo acompañar la publicación del acto por el Diario Oficial como determina el código de procedimiento legal.
               Sin embargo, tendrá que prepararse para una verdadera lucha, ya que estando fragmentada, con la idea de que el derecho del consumidor por ejemplo, es diferente del laboral, del penal, del civil, comercial, tributario y tantos otros, lo que implica en "competencias disputadas entre los representantes del Estado (Provincia)/Juez, tendrá que “diligenciar” la “distribución, actuación, y de ahí en adelante, tomar aliento, para iniciar un verdadero “vía crucis” en la búsqueda del Juez para despachar, fiscal para dar parecer, la publicación etc., mientras que el derecho lesionado permanece.
               Nos dice la Constitución Federal, que“todos son iguales ante la ley”, por lo tanto no podrá haber “distinción” en la aplicación del derecho. Tiene que ser observada la imparcialidad de la distribución de justicia en forma célere, imparcial, justa y con equilibrio.
               No puede el estudiante entusiasmado de ayer, pasar a ser el “abogado” angustiado de hoy. El proceso no avanza; su cliente presiona. Sin más “justificativas” para dar a su “cliente” ávido por una solución tutelada por el Estado, ya que está prohibido “hacer justicia con las propias manos”, pide para que él vaya la hablar con los “empleados” jueces y demás operadores del derecho. Vuelve nuevamente el cliente, diciendo que el “proceso está detenido” porque el “abogado” no va al “juzgado”, no pide al Juez para “despachar”, en fin; existe una total inversión de valores. Comienza entonces una búsqueda sin tregua. No puede, el abogado “dar vuelta la mesa” porque no puede perder la paciencia frente al juez, y si lo hiciera, viene la respuesta “no procedente”, o el fallo “no favorable”.
               Desanimado, frente la “dura realidad”, el joven abogado desiste de la profesión y resuelve ser miembro del Ministerio Público o de la Magistratura, con la expectativa de que, en el ejercicio de uno de esos nobles cargos, pueda colocar en práctica su ideal de joven, o su sueño de “distribución y aplicación ecuánime de la justicia.
               Por otra parte, sabe que en el ejercicio de esos cargos públicos, por lo menos, no tiene un cliente que le exija un resultado rápido del proceso, como también no hay sufrimiento con la angustia de los plazos, y aparte tiene un “salario fijo a fin de mes” y todavía podrá hacer justicia... ¿Será posible esto?
               Lamentablemente es un retrato de la realidad, pues nuestro sistema jurídico en teoría es muy bueno, y muy bonito, pero en la práctica deja mucho que desear. No se trata de una crítica al Judicial en sí, que está compuesto, en su mayoría por dedicados y dignos magistrados, también sacrificados con un siempre creciente número de procesos sometidos a su apreciación. La crítica sin embargo, es al sistema actual de la fragmentación/especialización particularizada, que precisa sin dudas cambiar, para que no prevalezca el procedimiento legal por sobre la sustancia. No se concibe que una grave lesión a la libertad o a un derecho líquido y cierto sólo se repare mucho tiempo después, cuando esa lesión ya se tornó irreversible y el juzgamiento final no se reviste de ningún resultado útil. Si la crítica existe, es en el sentido de ofrecer una contribución al perfeccionamiento del sistema. Para que los procedimientos legales no se sobrepongan al derecho.
               Este mundo extremadamente injusto, y que es al mismo tiempo asustador, en razón del aumento incontrolado de la violencia urbana y de los conflictos internacionales, me llevan a una revuelta y espero que también a muchos. Pero, se trata una revuelta sana, que no pregona ningún tipo de intolerancia, ni una lucha del bien contra el mal. Una indignación que meramente pretende impulsar el ejercicio de la democracia, de la manifestación libre de ideas, con respeto a las ideas contrarias, y que al mismo tiempo se preocupa en justificar sus acciones dentro del contexto de un orden jurídico, construido, o reconstruido, a luz de principios y coherencia lógica, dentro por lo tanto, de postulados verdaderamente científicos y no meramente opinativos.
               Si la Ley es igual para todos, si no podemos hacer justicia con las propias manos, si todos somos iguales ante la Ley, si la Ley es nacional, ¿Por qué la aplicación fragmentada está diferenciada del Código de Proceso Civil?
                En primer lugar, es necesario imponerle al Derecho un carácter de subordinación a la Historia. No existiendo ciencia cultural que pueda prescindir de una ligación sustancial a esta, no debe ser diferente en relación a la Ciencia Jurídica; siendo buena la sugerencia de recordar lo que afirmaba Tobias Barreto al decir que "elderecho no es un hijo del cielo, es simplemente un fenómeno histórico, un producto cultural de la humanidad".  
               Para que podamos comprender una ciencia cultural es necesario que  recorramos la Historia. El Derecho en su dimensión histórica tiene mucho para decirnos sobre la propia estructura de nuestro pensamiento jurídico moderno.
               No es novedad entre nosotros la tripartición del Poder en los Estados Contemporáneos. Ese sistema de división del Poder Político, concebido por MONTESQUIEU en "El espíritu de las leyes", reflejaba la ideología liberal del pensador francés como forma de disminuir la actuación del Estado en la vida de los ciudadanos, aunque afirmara que el modelo traería un ejercicio más eficaz de cada función estatal. A través entonces de la separación de los poderes, el Estado debilitado, disminuiría la injerencia en la vida privada.
               En Brasil, el Poder Constituyente Originario de 1988 organizó el Estado brasileño bajo la forma de Federación, con un gobierno Republicano y con los Poderes Legislativo, Executivo y Judicial independientes y armónicos entre sí (art. 2º, Constitución Federal de 1988). Aunque había teorizado el sistema de la tripartición de los Poderes, MONTESQUIEU preveía, ya en el siglo XVIII, la necesidad de limitar el poder por el propio poder, como forma de asegurar la convivencia armónica entre ellos y evitar la práctica del abuso por quien lo posee.
               Con el objetivo de evitar abusos en el ejercicio del poder político es que nuestro Orden Constitucional incorporó la consagrada doctrina que los norteamericanos denominaron "checks and balances", muy bien sistematizada por CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO. De esa manera, se proporcionó el equilibrio y la armonía entre los poderes constitucionales, que pasarían a actuar con fiscalización mutua, buscando evitar la supremacía de uno sobre el otro, lo que acabaría descaracterizando el poder como Poder, habiendo sólo subordinación y dependencia.
               No Brasil, como en muchos países, el acceso a la justicia es preocupación constante de la sociedad que busca en forma continua el ingreso a los tribunales. En verdad, la plena capacidad civil y el ejercicio de derechos sociales e individuales asegurados en la Carta de la República, encuentra óbice en la desigualdad socio-económica, la cual día tras día se distancia de la igualdad jurídico-formal prevista constitucionalmente.
               A propósito, el sistema judicial brasileño no se encuentra estructurado para garantizar los derechos expresados en la Constitución, debido a innumerables factores y obstáculos limitantes para el acceso a la justicia, tales como:
factores económicos: costas judiciales y costas periciales elevadas para la producción de pruebas;
factores sociales:  larga duración del proceso, falta de abogados, jueces y fiscales; dificultad de acceso físico al Juzgado; pobreza; exclusión y desigualdad social;
factores culturales: desconocimiento del derecho; analfabetismo; ausencia de políticas para la diseminación del derecho;
factores psicológicos: negativa de involucrarse con la justicia; miedo del Poder Judicial; solución de los conflictos por cuenta propia;
factores legales: legislación con exceso de recursos y "chicanas" protelatorias; lentitud en la otorgación de la prestación jurisdiccional.
               En ese contexto, nuestro trabajo no visa abordar todos los obstáculos y factores que dificultan el acceso la justicia. Limitamos inicialmente, nuestro universo, en la reflexión de tres de los factores que dificultan el acceso al orden jurídico, a saber: (a) el desconocimiento del derecho por el ciudadano, (b) los reflejos sociales de la pobreza, y (c) la lentitud de la justicia en la solución de los conflictos.
               Pues bien. ¿Que es el derecho material y el Derecho Procesal?
               El derecho como un todo, no existe sino como medio de asegurar la coexistencia pacífica entre los miembros de la comunidad políticamente organizada. Los litigios desestructuran ese orden jurídico y comprometen la paz social para cuya preservación fue concebido. Existe por lo tanto, un imperativo de que el orden jurídico no sólo defina las reglas de fondo de la aludida convivencia, sino que también se reúna de instrumentos y formas para superar los conflictos y hacer con que coactivamente, se dé la observancia in conceito de sus comandos normativos genéricos; Allí el seccionamiento del orden jurídico entre reglas de derecho material, o de fondo y de derecho formal o procesal.
               No se trata entonces, de dos especies de derecho completamente diferentes y separadas en compartimentos estanques e incomunicables. Al contrario: la necesidad que tiene el derecho material de valerse del proceso para alcanzar efectividad cuando se establece el conflicto de intereses, bien como la obligatoriedad para el proceso de encontrar para el conflicto una justa composición, según los estándares del derecho positivo, hace con que no se pueda pensar jurídicamente el derecho procesal como una realidad técnica completamente aislada o autónoma frente al derecho positivo material.
               Es cierto que para fines prácticos y pedagógicos, se debe proceder a la reglamentación y al estudio del Derecho Procesal fuera de los cuadros del derecho material, pero sin jamás perder la noción de que la existencia del derecho formal no se justificará, en hipótesis alguna, a no ser como instituto práctico ligado a la necesidad de operar concretamente el derecho material en las situaciones conflictivas.
               Como observa MICHEL TEMER sederivada de la forma federal de Estado, que la Justicia se divida en federal y estadual (provincial).
               La división está hecha teniendo en vista la solución de litigios que involucren el trato de cuestiones locales, en que no se verifique interés de la Unión (Estado nacional).
                En la Federación, negocios locales, así definidos por la Constitución, son legislados y ejecutados por órganos locales. También son solucionados por Judicial local.
               La Justicia Federal toma en cuenta, básicamente, lo que figura en la relación procesal o entonces, la materia cuestionada."
               Organización judicial y derecho material no se vinculan necesariamente. En otras palabras, para aplicarse el derecho material, no sería preciso, obligatoriamente, crearse una organización judicial de ámbito federal para su aplicación. Las organizaciones judiciales en las unidades federadas juzgan, normalmente, varias otras cuestiones en que se requiere la aplicación de leyes federales.
II - REPARACIÓN DE DAÑOS MORALES - TEORÍA DEL VALOR DEL DESESTÍMULO –
               La Constitución Federal de 1988 estableció en su artículo 5º, inciso X, que son inviolables la intimidad, la vida privada, la honra y la imagen de las personas, asegurado el derecho de indemnización por el daño material o moral derivado de su violación. En la misma línea, el Código de Defensa del Consumidor, promulgado en 1990, estableció en su artículo 6º, inciso VI, que es derecho básico de los consumidores, la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales, colectivos y difusos.
               Esos dos dispositivos legales ampliaron la responsabilidad por daños morales causados a la honra y en razón de la deficiencia del abastecimiento de productos y servicios (product liability), que hasta entonces era incipiente.
               A nuestro ver, la teoría en cuestión también podría ser llamada de teoría del valor del estímulo, sólo que teniendo como referencial la supuesta víctima. Nos parece que la tentativa de punir a alguien por la fijación de indemnización en valor extremadamente elevado puede generar una total distorsión del sistema de reparación de los daños morales, estimulando que personas utilicen el Poder Judicial para buscar el enriquecimiento a costa de hechos ligados al dolor y al sufrimiento. No significa que esos eventos no merezcan ser indemnizados. Simplemente, no deben generar riqueza.
               Son conocidos los efectos que las indemnizaciones millonarias están provocando en los Estados Unidos de América. Tenemos la impresión de que la aplicación de la teoría de los punitive damages está tornándose un verdadero factor de desagregación de la sociedad americana, donde los ciudadanos tienden cada vez más a alejar su propia responsabilidad para imputársela a terceros. Cada vez menos las personas asumen los propios errores u opciones, prefiriendo transferir la responsabilidad de sus actos a terceros y obtener algún dinero con eso.
               En la otra punta, todos pasan a temer cualquier evento que pueda acarrear responsabilidad. Vemos diariamente en la prensa, casos ocurridos en los EUA, como el de padres que se niegan a recibir en sus residencias a colegas de sus hijos, sin que esos porten condiciones que los exenten de responsabilidad por cualquier accidente que eventualmente ocurra durante el día. Escuelas se niegan a dar una aspirina para un estudiante, con miedo de que este tenga una crisis alérgica.
               Hoy no se adquiere un producto norteamericano que no contenga un warning extremadamente detallado. Existe aquel caso clásico, que está entre la leyenda y la verdad, de la señora que inició una acción contra el fabricante de un microondas, visto que ella había bañado a su gato de estimación y colocado el animal para secar dentro del microondas. Alegó que no había ninguna advertencia en el manual de instrucciones del producto.
               ¡Debemos evitar eso!
               Cabe observar que nuestro sistema legal es absolutamente diferente del sistema norteamericano, del cual la teoría está siendo importada. No se puede admitir, frente a las reglas de nuestro ordenamiento, el empleo de la teoría que estimula la fijación de indemnizaciones sin vislumbrar el efectivo perjuicio sufrido, con la idea de punir el ofensor y dar ejemplo a la sociedad.
               En el Derecho brasileño, el daño es de la víctima y se mide en el universo de esta (arts. 1.537 y siguientes del Código Civil). Ya la indemnización fijada con fundamento en el desestímulo se mide por la capacidad financiera del agresor, el que no encuentra previsión legal entre nosotros.
               De igual manera para la fijación de los daños morales, hay que obedecerse principios que tengan por referencia los reflejos dañosos sufridos por la víctima. Ese es el fundamento de la teoría de la reparación de los daños en nuestro sistema.
               No si niega la posibilidad de haber indemnización millonaria en casos excepcionales. De hecho, eso puede ocurrir sin que se hable de la teoría del valor del desestímulo, pero sólo para observar el universo de las víctimas.
               Si el hecho que genera la responsabilidad civil tiene potencial ofensivo apto para causar un perjuicio millonario al agredido, la indemnización debe ser millonaria. Si el mismo hecho no trae reflejo dañoso a la víctima, o si ese reflejo es limitado, la indemnización no podrá ser millonaria sólo por la circunstancia de que el agresor tiene una situación financiera privilegiada.
               Cuando se fija la indemnización teniendo por referencia la capacidad financiera del ofensor, hay una total desvirtuación de nuestro sistema de responsabilidad civil. Deja de tenerse en consideración el daño, para considerarse la punición pretendida. Debemos tener en mente sin embargo, que la punición y el ejemplo a la sociedad en nuestro orden, es privilegio del Derecho criminal, no cabiendo a la jurisprudencia crear un sistema civil que no tenga base legal. Es un principio consagrado en el Derecho brasileño que no hay pena sin ley previa que la establezca.
               Evidentemente que los malos prestadores de servicios, que causen daños a sus consumidores, deben responder por eso, pero dentro de un patrón de razonabilidad. Además, con la competición cada vez más feroz de los mercados consumidores, el proveedor irresponsable no sobrevivirá.
               De la misma forma, aquel que ofende la honra o la intimidad de terceros también debe responder por eso. Pero sin que haya exagero de la condenación millonaria desagregada del efectivo daño sufrido, de modo a hacer creer que la honra puede ser vendida desde que se pague un buen precio.
               El estímulo para que las personas busquen la transferencia de responsabilidad, con la fijación ordinariamente de indemnizaciones millonarias, es un riesgo a la sociedad. El desafío es encontrar la exacta medida entre el estímulo a la responsabilidad y el desestímulo a la búsqueda de indemnizaciones millonarias.
III - LA FRAGMENTACIÓN DEL DERECHO - INSUSTENTABILIDAD
EL DERECHO COMO CIENCIA – LA IMPERATIVIDAD DEL DERECHO POSITIVO
DEL PODER DEL JUEZ
               Actualmente, no se niega más la existencia del Derecho como Ciencia, aunque todavía pocos autores contesten su validad o mismo la búsqueda de la verdad a través de estudios científicos que reconozcan la naturaleza lógica conceptual de la ciencia.
               Como contingencia de superación de la limitación binaria que se ha mostrado, en los innumerables siglos de desarrollo de la humanidad, tarea imposible de ser concretizada, restó de forma inexorable al género humano concebir y adaptar todos los modelos de desarrollo científico a esta forma única y exclusiva de pensar.
               Por efecto consecuente, todas las clasificaciones de cuño científico forzosamente tuvieron que adaptarse – y efectivamente se adaptaron – a la imposición del binarismo, incluyendo en el desarrollo peculiar de su actuación, en este particular, la propia clasificación de las ciencias en el sentido amplio.
               Para cualquier estudio sobre la ciencia del Derecho, primero tenemos que buscar un concepto, una explicación lógica, para a partir de allí dar inicio al desarrollo de los estudios, criticando y evolucionando hasta la conclusión final. Buscar el concepto de derecho como un fenómeno jurídico universal que utiliza los conocimientos de la lengua para alcanzar una definición del término derecho, interpretada por la doctrina jurídica a través de la adopción de la teoría convencionalista, donde el derecho puede ser objeto de esta teoría, la cual adopta un enfoque teórico que debe ser estudiado desde diferentes ángulos y se inserta en dos grandes campos de investigación científica: la zetética y la dogmática, en que verificaremos la admisión de los dos enfoques para llegar o no, a un punto de partida en el estudio del derecho y si existe predominio de la visión dogmática en conjunto con el análisis zetético, interpretando el derecho, apuntándole sus limitaciones.
EL DERECHO COMO FENÓMENO JURÍDICO UNIVERSAL
               Conceptos diversos del derecho. El derecho no es una ciencia exacta, el derecho está constituido de norma, hecho y valor; es la norma valorada. Según Kelsen, el derecho es antes de todo, norma. El derecho se alcanza a través del juicio de valor, que es la sentencia, la cual utiliza la premisa menor y la conclusión para llegar al derecho.
               El derecho es una forma ideal de pensar y de actuar, pues en el derecho están constituidos los modelos que deben ser seguidos en los grupos sociales. Como por ejemplo: hay una presunción del derecho en la sociedad, que la familia es la base, garantía de orden social, equilibrio de las relaciones entre los hombres. Pero, el derecho también trae y es la respuesta social. Para algunos, el derecho es instrumento de clase dominante, pues todos los individuos en el poder, tanto el demócrata, como el dictador, se respaldan en la ley.
               El derecho tiene dos aspectos: es el objeto de la ciencia del derecho. Y es un conjunto de leyes que disciplina un grupo social.
               Recordamos el origen del derecho, a través de un símbolo: el derecho es representado por una balanza. En Grecia representaba el "jus", "dike" mantenía la espada con ojos abiertos. En el imperio romano, la diosa mantenía la balanza con las dos manos y ojos vendados. En Grecia el derecho era subjetivo, especulativo y generalizado. En Roma, la diosa "justicia" tenía ojos cerrados, usaba la prudencia. El "ison" era el equilibrio de la balanza para alcanzar lo justo. Pero, el concepto de derecho para el lego era diferente, el romano usaba "derectum", que significaba "recto de arriba hacia abajo."
               Modernamente el derecho se trata de una exigencia del sentido común, que está profundamente arraigada, en el sentido de que aquellas instituciones de gobierno de los hombres y de sus relaciones, simbolizan un sueño, una proyección ideal, dentro de cuyos límites funcionan ciertos principios, con independencia de los individuos.
LA TEORÍA ESENCIALISTA Y CONVENCIONALISTA DE LA LENGUA PARA DEFINICIÓN DEL DERECHO
               - La concepción de la lengua para definición de derecho utiliza la teoría esencialista, en que la lengua es un instrumento para designar la realidad, por el cual los conceptos lingüísticos presumen la esencia de las cosas y las palabras como vehículos. Sostiene que cada palabra en principio tiene una sola definición válida, obtenida por medio de proceso intelectual. Como por ejemplo: la palabra “mesa”, su núcleo "mesa" es una abstracción hecha del material con que los lleva a la esencia, entonces la mesa es un objeto plano para mantener las cosas. La crítica a esta teoría es que el ejemplo "mesa" no es apenas un objeto, sino también puede ser una mesa directora, mesa redonda, mesa pródiga, etc.
               En oposición a la teoría esencialista, existe la concepción convencionalista, que es un sistema de signos, arbitrados por los hombres. Toma en cuenta el uso de conceptos. La descripción de la realidad varía según los usos conceptuales. Como por ejemplo: se define "mesa" como un objeto material para mantener cosas, servir almuerzo; o si la descripción será "mesa", como un objeto abstracto referente  a la dirección, la descripción de la realidad será otra.
               Para los convencionalistas los hombres se comunican y es un único dato irrecusable. El lenguaje hablado es la base de todas las comunicaciones. Las mesas sirven para poner platos, etc., con el fin de servir almuerzo. Cuando la palabra no presta la definición de este tipo, o es porque el uso común es muy impreciso o es sin valor para una investigación más técnica, si hace la definición por forma estipulativa proponiendo uso nuevo para el vocablo, admitiendo muchos usos. Ejemplo: la palabra ley puede ser ley social, ley física, leyes de la naturaleza. Allí exige una estipulación. De esa forma, la ley es un enunciado, emanado por el poder legislativo, según los dictámenes constitucionales. Cuando la estipulación al contrario de innovar se perfecciona, es la redefinición, que debe ser juzgada por el criterio de su funcionalidad.
               De esa forma, la definición de la palabra "derecho”, desde el punto de vista de la teoría convencionalista de la lengua, en la forma lexical es difícil. Si fuera de forma estipulativa la palabra "derecho" genera una incomprensión, cuando enfrenta los usos tradicionales de la palabra. Por eso la definición de la palabra "derecho" por la redefinición, es el camino correcto, a pesar de la carga emotiva. Por lo tanto lo que redefiniremos es el término "derecho", buscando mantener intacto su valor emotivo, que puede ser ideología, que es una de las opciones en termos valorativos.
DE LA IMPERATIVIDAD DEL DERECHO POSITIVO
DEL PODER DEL JUEZ
               Para Reis Friede, aunque la Ley áurea, haya liberado y extirpado la esclavitud, todavía estamos subalternos y aprisionados a la Ley en su sentido más amplio.
               No obstante el hecho de poseer el Juez una determinada condición, en principio, encima de la propia autoridad pública, de modo general, por ejercitar más directamente – actuando como Estado en nombre del propio Estado – el poder estatal a través de la Jurisdicción, bajo ninguna hipótesis tiene el magistrado una autoridad y un poder que no estén nítidamente previstos y limitados por la Ley, que sea mayor o menor (Constitucional o infraconstitucional).
               Por nuestro sistema codificado, el Juez está limitado y aprisionado la los dictámenes de los tres poderes que actúan armónicamente entre sí, en una reciprocidad única, no cabiéndole por lo tanto al Juez, aplicar y distribuir la Justicia en una amplitud plena, y sí, por lo que le es permitido por la Ley.
               Se torna imperioso resaltar que es una situación muy difícil para el magistrado comprender y mantenerse limitado y humilde, cuando en rigor – puede todo – no obstante, se debe mantener siempre en los límites de la Ley, aunque no siempre sus decisiones sean vistas de forma justa ante la sociedad – del pueblo – cuando son permanentemente jurisdiccionados.
               Es por esta razón que independientemente de la simple voluntad, derivada de la valoración particular y subjetiva del Juez, no puede el mismo conceder ningún tipo de medida judicial sin la comprobada presencia de la totalidad de sus requisitos condicionadores - además de la rigurosa observancia de todas las normas jurídicas constitucionales e infraconstitucionales, dotadas del atributo de la eficacia relativa a las mismas -, como también no puede dejar, por otro lado, de conceder la medida justificada, cuando efectivamente están probados todos sus presupuestos autorizadores.
DE LA VERTIENTE DEL DERECHO ALTERNATIVO Y DEL USO ALTERNATIVO DEL DERECHO.
No podemos dejar crecer esta idea de algunos pocos doctrinadores que defienden la tesis de que deberá crecer la disociación del magistrado en la aplicación del Derecho, de forma amplia y por su libre convencimiento, amplia y con sentido de justicia propia y de cuño meramente personal, la llamada PRÁCTICA ALTERNATIVA DEL DERECHO, o la aplicación del Derecho Alternativo, defendiendo una verdadera marginalidad en la aplicación de la técnica jurídica, creando dentro de la propia sociedad, sus leyes propias y sus costumbres violentas y totalmente fuera de nuestra realidad sociológica.
               Tenemos así en el magisterio del Profesor y Juez REIS FRIEDE, verdadera lección de este punto de vista aislado, y así él se pronuncia:
“...La acepción alternativa de un Derecho Paralelo con igual designación, o de forma más blanda, por lo menos, el que algunos autores reconocen como uso alternativo del derecho – expresión acuñada en Europa donde esta corriente de pensamiento jurídico comenzó a dar sus primeros pasos -, que defiende, simplemente, el rompimiento de la legalidad, cuando esta parezca a los ojos del juzgador, ser obstáculo para la disolución de la lucha con ‘justicia’....”
Ocurre que los defensores del Derecho Alternativo aquí – diferentemente de sus socios europeos – se imponen en la arriesgada, peligrosa e irresponsable tarea de pensar en un modelo alternativo que sepa indicar “como actuar para romper los límites de la legalidad cuando esta es una barrera al valor de justicia comprometido con la mayoría de la población” (Amilton Bueno de Carvalho).
De esta forma, la corriente alternativa en el Brasil, reconociendo la diversidad de relaciones sociales o de relaciones jurídicas no asimiladas por el Derecho objetivo estatal, pretendiendo tornar al Juez un verdadero modelador de derechos, un auténtico escultor de un orden jurídico no recomendado oficialmente, que contrastando con el Derecho establecido, se construya a partir del juicio personal y aislado del magistrado. (...)”
               El citado autor, contraría la tesis minoritaria, pero nuestro sistema procesal admite la subjetividad del magistrado al interpretar y aplicar el derecho procesal civil cuando está basado en algunos principios pilares, por ejemplo - libre convencimiento del juez; persuasión racional, investigación de las pruebas, entre otros. Y ejemplifica con las palabras de Santo Tomás de Aquino (sic):
“EL PENSAMIENTO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO”
¿Será lícito, aquel sometido a la ley, actuar al margen de las palabras de la ley? (Pregunta XCVI, artículo VI, de la Summa Theologica).
Inicialmente, puede decirse que, cuando alguien excede las palabras de la ley diciendo observar la intención del legislador, en verdad está juzgando la ley. En efecto, no será lícito para quien está bajo el imperio de la ley, ir más allá de sus palabras con el objetivo de atender la intención del legislador.
Se puede pensar también, que solamente aquel a quien incumbe instituir la ley, le cabe interpretarla. Por lo tanto, no le cabría al jurista interpretar la ley, sino solamente al legislador.
Finalmente, de admite afirmar que todo legislador es capaz de explicar por sus palabras su intención, luego ésta debe juzgarse solamente según las palabras de la ley.
En una reflexión más rigurosa, debemos asimilar que como dijo Hilário, "El entendimiento de lo que se dice debe establecerse a partir de las causas del decir: no es la cosa que debe sujetarse a la palabra, sino la palabra a la cosa" (sobre la Trindad, N, PL, 10, 107).  De esa forma, debe darse más atención a la causa que mueve el legislador, que a las palabras de la ley.
Tomás de Aquino aclara que toda ley debe ser ordenada a la salvaguarda común de los hombres. El fin de la ley es el Bien Común. Isidoro ya decía:
"No es en vista de un interés privado, sino de la común utilidad de los ciudadanos que una ley debe ser escrita" (Etimologías, II, 10, PL 82, 131; V, 21, 82, 203).
Vale resaltar el espléndido e insuperable concepto de Bien Común contenido en la Encíclica Mater et Magistra:
"El bien común es el conjunto de todas las condiciones de vida social que consistan y favorezcan el desarrollo integral de la persona humana". (Papa João XXIII)
Por lo tanto, cuando la ley fuera al encuentro de su propia esencia, o sea, cuando la ley no fuera direccionada al Bien Común, perderá su sentido y dejará de obligar. Aun en vigor, será una norma injusta y cuestionable, sólo será exigida injustamente.
Sin embargo Aquino percibió, con perspicacia, que aquello que es útil al Bien Común, a veces, es extremadamente nocivo. "Eso es porque el legislador no puede considerar todos los casos singulares y propone la ley según lo que acontece más frecuentemente, direccionando su atención para la utilidad común." "De esa forma, si en una ciudad sitiada se establece en la ley que las puertas de la ciudad deben permanecer cerradas, esto es en la mayoría de las veces, de utilidad común. Sin embargo si ocurriera que los enemigos persiguieran algunos ciudadanos de los cuales depende la defensa de la ciudad, sería lo más dañoso a esta ciudad que las puertas no les fuesen abiertas. De esa forma, en tal caso, las puertas deberían ser abiertas, contra las palabras de la ley, para que se salvaguardase la utilidad común, intencionada por el legislador."
Complementa Aquino diciendo que ningún hombre es sabio lo suficiente para "concebir todos los casos singulares, y así, no puede exprimir suficientemente por sus palabras lo que es adecuado al fin intencionado." Aunque fuera posible para algún hombre concebir todos los casos singulares, no sería conveniente exprimirlos todos a fin de evitar confusión; debiendo, por lo tanto, direccionar la ley para lo que acontece con más frecuencia.
Del ejemplo de Sto. Tomás de Aquino, es posible admitir que, en la aplicación de la ley al caso concreto, puede generarse una injusticia. Esta injusticia, sin embargo, puede ser evitada si analizamos la finalidad de la ley, esto es, el Bien Común. (...).”
               El magisterio del Prof. Reis Friede, tiene una postura todavía contraria a esta alternatividad del derecho,  por entender que es el proceso en particular, el instrumento técnico más apropiado para llegar a la solución de la cuestión jurídica que angustia y trae inseguridad la los jurisdiccionados. Si el ejercicio del Derecho Alternativo, amenazador de las relaciones de Derecho Material establecidas, incide también sobre las normas de proceso en nombre de la buena justicia, cierto es que más distantes estaremos del verdadero ideal ético, que paradójicamente a las ideas que aquí rebatiremos, pretende ser la principal bandera izada por los defensores del Derecho Alternativo.
               Debemos concluir, por lo tanto, que no es posible la aplicación del llamado Derecho Alternativo, pues ciertamente estaríamos creando un verdadero derecho paralelo, huyendo de esta forma, de las normas legales y alejando de la técnica jurídica propia y vinculativa, restrictiva de su correcta interpretación.
LA NORMA JURÍDICA Y SU  INTERPRETACIÓN
               Paulo Nader, dice que la propuesta de una teoría general del Derecho surgió como una forma de reacción a la abstractividad intangible de la filosofía jurídica, teniendo así una base positivista y lógica, mas tarde formalista, presentando según el autor, conceptos útiles al entendimiento de todos los ramos del Derecho.
               Conforme el teórico, la perspectiva de la teoría general del Derecho no se prende a los valores, o aún a los hechos que componen la norma jurídica, su propuesta  no es describir los contenidos normativos o criticarlos, centrándose en el análisis de los elementos constantes y permanentes del Derecho.
               De esa forma, para establecer y mantener el Orden Social, el derecho vigente tiene que ser práctico, a fin de efectivamente controlar las conductas sociales, ese entendimiento se sustenta en el positivismo con base en la tesis de que no es suficiente para tener el equilibrio social, la disponibilidad de los seres humanos para la práctica de lo correcto, pero es preciso que la estructura de control social, el derecho positivo, diga cuál es la conducta que se adecua al grupo social en un determinado momento histórico.
               Y la norma jurídica tiene esa función, ser el instrumento que establece cual es la conducta social deseada por la organización estatal, aclarando a aquellos a quien se dirige, el comportamiento social debido, razón por la que todos los sistemas jurídicos se estructuraron con normas jurídicas, que son exactamente estándares de conducta social impuestas por el Estado, para tornar posible la propia organización social.
               Para comprender el Derecho a partir de estructuras lógicas sería preciso una formalización de este. Esto implicó en fijarse una Teoría del Derecho, que se propuso como GENERAL, por trabajar con estructuras invariables, más tarde adaptables a cualquier sistema jurídico.
               Por lo tanto, se trata de una teoría formal del Derecho, que no analiza el contenido del objeto estudiado, sino su estructura, su forma. Por lo tanto, una teoría no crítica y distante de una participación social.
               La comprensión de la norma jurídica dada por Nader, es un estándar de comportamiento exigido por el Estado, cuyo cumplimiento por los componentes de ese, asegura el equilibrio social.
               Entendía también Kelsen, que la norma jurídica no sería posible sin el acto de creación, pero se distingue de ese ganando autonomía, y el significado de la vinculación entre condición y consecuencia en la regla del derecho, mediante la cual la ciencia jurídica describe su objeto, es la imputación, al mismo paso que en la ley natural, es la causalidad.
               Lo que autoriza otra conclusión: la ley natural es causativa, la norma jurídica es finalista.
               La ciencia del derecho es una ciencia del derecho positivo, en contraste con un derecho natural, porque la positividad del derecho significa que este se crea y se aplica por actos de conducta humana, determinados por normas jurídicas.
               Con base en ese entendimiento, todo acto de conducta humana puede ser objeto de regulación normativa, o más precisamente, puede formar el contenido de normas jurídicas, vale decir, no hay conducta humana a la que no le sea aplicable el derecho positivo, nacional o internacional, el que denota la inexistencia de lagunas en el orden jurídico, en consonancia con el postulado fundamental de la plenitud hermética del orden positivo.
Lo que lleva a una afirmación más, con base en la teoría Kelseniana: la conducta social de un individuo es justa cuando corresponde a una norma que prescribe esa conducta, esto es que la pone como debida, constituyendo el valor de justicia.
               Para Kelsen, entonces la norma jurídica tiene una estructura binaria de la norma jurídica y el sistema de esas normas se basa en una rígida hierarquía de las fuentes jurídicas.
               Secuenciando, el repertorio de posiciones teóricas, véase el entendimiento de Maria Helena Diniz, (citada por Reis Friede) en el cual, ella dice que el Derecho existe en función del ser humano, no lo inverso, y como el ser humano se encuentra insertado en una sociedad, de forma tal que hay una interacción permanente, que muchas veces incomoda la individualidad, para la conservación de la propia sociedad, el Derecho positivo tiene que delimitar la actividad de los sus componentes.
               De acuerdo con la autora, sólo las normas jurídicas tienen elementos para asegurar el equilibrio necesario de la propia existencia de los seres humanos, de forma tal que permita a cada uno el desarrollo de sus potencialidades, en coordinación con la viabilización de los intereses y objetivos sociales.
               Concluye que el Derecho Positivo es un conjunto de normas establecidas por el poder político para regular, de forma impositiva, la vida en sociedad de un determinado pueblo, en un determinado momento histórico
               Nótese que la autora comparte la propuesta de Kelsen, en relación al aspecto normativo, y al hecho de que Derecho organice la fuerza, así como no difiere demasiado de los otros autores, al ver la norma jurídica como medio de garantizar el equilibrio social.
               Pero ya se nota, en la obra de la autora, y también en el trecho citado, que ella percibe que el Derecho visto como norma o como análisis de esta, es un proceso comunicacional tal norma al establecer la conducta a ser seguida socialmente, está realizando una comunicación entre el Estado que dicta la conducta y sus componentes que deben seguirla.
               A pesar de percibirse que el puente para esa teoría del Derecho no está muy claro, porque al mismo tiempo ella afirma que la norma regula la vida en sociedad, retornando para un entendimiento de norma como ser autónomo. Para Tercio Sampaio Ferraz Jr, tiene que haber una redefinición del término Derecho.
               A partir de un análisis lingüístico, dice el autor que los científicos de las ciencias naturales conducen sus definiciones sólo con criterios de utilidad, mientras que el jurista alía a ese, otro directivo.
Aclara que el objeto de la Ciencia del Derecho puede ser estudiado bajo diversos ángulos, y para explicarlos diferencia el enfoque zetético del dogmático, con base en Viehweg. (Ya utilizado en este trabajo).
DE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA
               Explicamos sobre la interpretación jurídica-hermenéutica como una investigación zetética en que el papel principal es comprender el exacto conocimiento del significado real de las normas, identificando el derecho para saber cómo y en qué condiciones el derecho identificado será entendido, que usa los signos lingüísticos para resolver los sentidos de las palabras, por medio de la codificación y recodificación. También exponemos la opinión de Kelsen sobre la interpretación, la cual merece una crítica y es un equívoco, según Tércio Ferraz Jr.
               LA ZETÉTICA JURÍDICA - El campo de esta investigación es amplio y tiene como objetivo el derecho: de la sociología, de la filosofía, de la historia, de la ciencia política y otros. Estas son disciplinas generales que admiten un espacio para el fenómeno y en la medida que estos espacios son abiertos ya forman parte del campo de investigación jurídica, bajo el nombre de sociología jurídica, filosofía del derecho, historia del derecho, etc.
               Hay otras investigaciones que utiliza las técnicas, de los métodos y resultados de las disciplinas generales para componer con la investigación dogmática, bajo el nombre de criminología, penalogía, y otras.
               Estas investigaciones se distinguen y se agrupan, a través del punto común que es su carácter zetético, con la característica principal: la de cuestionar los objetos en todas las direcciones, que es la cuestión infinita. Por ejemplo: la Constitución como objeto de investigación desde el punto de vista zetético, de esa forma el estudio alcanza investigaciones sociológicas, políticas, económicas, históricas, filosóficas, etc.
               En este estudio, el investigador puede ampliar el abordaje de la Constitución buscando investigar los factores reales de poder que rigen el pueblo, sus bases económicas, sus valores, sus ideologías, entonces este descompromiso con la solución de conflictos, esta investigación se torna infinita y especulativa.
               Pero, en la zetética hay presupuestos que son admitidos como verdaderos, los cuales son los sus límites, que puede ser realizado a nivel empírico, que son aquellos realizados en los límites de las experiencias y obedeciendo a nivel formal de la lógica, de la teoría del conocimiento o de la metafísica. Estos límites pueden ser realizados en una investigación puramente especulativa o pueden producir resultados para una eventual aplicación técnica de la realidad, teniendo límites empíricos y analíticos.
               En las diversas disciplinas de zetética jurídica, como: sociología jurídica, criminología, filosofía del derecho, teoría general del estado, etc., el estudio del fenómeno jurídico está hecho sin compromisos con los dogmas, sólo con los enunciados verificables, lo importante es saber qué es el derecho, sin la preocupación inmediata de orientar la acción, y si sale alguna aplicación, forma parte de ese estudio, pero sin ningún compromiso con la solución normativa de los conflictos.
               De lo expuesto anteriormente, podemos decir lo siguiente: en la zetética empírica pura, el jurista se ocupa de estudiar el derecho como regularidad de comportamiento que permita explicar los diferentes fenómenos sociales y en la zetética empírica aplicada, el jurista se ocupa de estudiar el derecho como instrumento para actuar dentro de las condiciones sociales.
               En relación a la zetética analítica pura, el jurista se ocupa de estudiar los presupuestos y los conocimientos de los fenómenos jurídicos.
               Para clarificar estos conceptos tenemos el siguiente ejemplo: en el derecho natural que es un derecho sin la imposición de ninguna autoridad humana, pero que nace con el ser humano (derecho a la vida, a la libertad), podemos decir que:
               En un ámbito de una zetética empírica pura - una sociología jurídica, se desearía saber cuales son los comportamientos que corresponden al derecho natural, si ellas son universales, si los pueblos piensan diferente, como por ejemplo: si la libertad tiene el mismo sentido para todos los pueblos.
               En relación al ámbito de una zetética empírica aplicada: una política legislativa, estaríamos interesados en mostrar cuales son las dificultades de un legislador para modificar ciertos comportamientos preceptuados en el derecho natural.
               Ya en el ámbito de la zetética analítica pura: una filosofía del derecho, se discutía su existencia, en saber si se trata de un derecho o apenas de un conjunto de cualidades del ser humano, el cual atribuye el carácter de derecho, de investigar su conocimiento (¿la libertad es un dato?).
Y por fin, en un ámbito de una zetética analítica aplicada: una lógica de los sistemas normativos, se discutiría como los preceptuados del derecho natural se posicionan frente al derecho positivo de los pueblos, del derecho establecido por una autoridad, como por ejemplo: prohibiendo ciertos comportamientos para respetar la libertad de otros.
               LA DOGMÁTICA JURÍDICA – En el estudio del derecho son disciplinas dogmáticas: el derecho civil, penal, administrativo, tributario, económico, comercial, procesal, laboral, constitucional, ambiental y urbanístico, y otras.
               La disciplina dogmática se define cuando considera ciertas premisas, las cuales tratan sobre cuestiones finitas y son regidas por el principio de la innegabilidad de los puntos de partida o de la prohibición de la negación de los puntos de partida. Por ejemplo: el principio de la legalidad en la Constitución, obliga el jurista a pensar los problemas a partir de la ley, según la ley, para más allá de la ley dentro de los marcos del orden vigente, pero nunca contra la ley.
               Pero, el jurista no puede despreciar las investigaciones al respecto del derecho de un pueblo, como los factores sociales de su formación, como los valores morales, etc. De esa forma, él utiliza investigación zetética, pero dominando el aspecto dogmático. Y esa limitación teórica puede llevar a exageración, haciendo del estudio del derecho un conocimiento legalista, ciego para la realidad, restrictivo, deduciendo la expresión “dogmática", En el sentido de intransigente, formalista, que sólo ve lo que las normas preceptúan, porque del estudio que se procesa actualmente, hay una tendencia en identificarlo como un tipo de producción técnica, destinada sólo a tender las necesidades profesionales (del juez, del abogado, del fiscal) al desempeño de sus funciones, los cuales condujo el jurista teórico a ese tipo cerrado y formalista.
               Esta tendencia tiene su explicación porque el estudio dogmático del derecho está ligado la una doble abstracción, es decir, no existe sociedad sin dogmas, sin puntos de referencias, pues toda comunidad elabora sus normas. Pero, las normas sólo no bastan, hay ambigüedad, imprecisión, por eso se exige reglas de interpretación, indagando cual es la norma, ¿Cuál es su significado?
               Pero, tanto las normas, que son dogmas de acción, como las reglas sociales de interpretación, que son dogmas que dicen cómo debe ser para que entendamos, las normas son también producto abstracto, allí la doble abstracción.
               De esa forma, el objeto del conocimiento jurídico-dogmático es esta doble abstracción, que el jurista elabora adoptando reglas sobre las reglas de interpretación de las normas, cuanto mayor es el grado de abstracción, mayor es el riesgo que corre el estudio del derecho de distanciarse de la propia realidad social.
               Ante lo expuesto, el conocimiento de los juristas depende de dogmas, pero trabaja con inseguridades que fueron aparentemente eliminadas por los dogmas. Por ejemplo: si frente a la inseguridad, si es justo y equitativo que edificios tengan animales en sus departamentos y la administración baja una regla prohibiéndolo, cabe al saber dogmático retomar la inseguridad primitiva: si la prohibición vale para todos, para los que ya poseen, qué tipo de animal. El jurista amplía, pero de modo controlado. El término controlado significa que la dogmática aumenta las inseguridades pero que sean compatibles la vinculación las normas y la presión para decidir los conflictos para alcanzar una salida.
               Las inseguridades son construidas por la técnica dogmática: la interpretación según los estándares dogmáticos. Por ejemplo: la ley es apenas la norma emanada por el poder legislativo, piensa una persona con prisa, pero el jurista sabe que para entenderla es preciso ver como los tribunales interpretan, como comprende la jurisprudencia.
               El estudio del derecho debe ser por la visión dogmática, es la tónica dominante para proponer una redefinición del concepto de derecho, dentro de un ángulo crítico. El objeto de reflexión será el derecho en el pensamiento dogmático. Pero nuestro análisis será zetético. El estudio del derecho es un análisis zetético de como la dogmática jurídica conoce, interpreta y aplica el derecho, mostrándole sus limitaciones.
               La forma de interpretar en la visión de Hans Kelsen: el acto de voluntad versus contenido de la norma.
               La interpretación jurídica no es sólo el significado de decodificar según reglas de uso, ya que la hermenéutica jurídica pone fin a las interpretaciones, por medio de la decodificación de ellas y es sin dudas la caracterización principal de la interpretación dogmática y su problema, o sea, la dificultad de teorizar sobre la interpretación.
               Hans Kelsen, concordó con la doctrina, es decir, el saber dogmático un carácter científico, él cuestiona si es posible la existencia científica de interpretación del derecho, si existe la interpretación verdadera, en su obra Teoría Pura del Derecho (1960), divide la interpretación jurídica entre interpretación auténtica y doctrinaria, aquella que está hecha por medio de órganos competentes, la última es realizada por entes que no poseen la cualidad de órganos.
               Kelsen dice que el órgano cuando se pronuncia encima de un contenido de una norma, como por ejemplo: el magistrado cuando ofrece el significado de la ley para un proceso de aplicación, produce un enunciado normativo. Y cuando un ente que no es órgano se pronuncia sobre una determinada ley, interpretando su contenido normativo no produce ningún enunciado, pues no tiene carácter de norma.
               Para Kelsen, el órgano interpretante es producto de un acto de voluntad y su fuerza vinculante, estableciendo límites que deben ser aceptados por todos, está insertado en la competencia propia del órgano que puede ser el juez, el legislador cuando interpreta el contenido de una norma constitucional, las partes contratantes cuando en el contrato interpretan la ley, etc. Y cuando existan dudas sobre la interpretación verdadera, los órganos competentes superiores, es decir, la autoridad inmediatamente superior define por último el acto de voluntad.
               Esos actos de voluntades están basados en actos de conocimientos. Cuando el juez fundamenta una sentencia tiene que fundamentar con coherencia, usando sus propios conocimientos del derecho, y si hubiera una confrontación entre el acto de voluntad, si una decisión del juez no fuera clara o el entendimiento interpretativo contuviera engaños o contradicciones, existirá una redefinición por otro acto de voluntad y no de entendimiento o de raciocinio, esto significa, habrá un recurso para la autoridad superior, este recurso se fundamenta no en el conocimiento, sino en el derecho. Existen argumentos y raciocinios, pero el sentido aceptado por todos se fundamenta en actos de voluntades competentes.
               El problema reside cuando la interpretación es tan sólo un acto de conocimiento que precisa de un fundamento para aceptación general. Kelsen dice que los contenidos normativos - que es la finalidad de la interpretación del derecho-, son de naturaleza lingüística, por eso son inciertos y ambiguos y es preciso que exista una voluntad competente para que se fije un sentido entre los posibles, pero es la misma cosa, el mismo significado en decir que actuando con métodos y procedimientos racionales el doctrinador llegará a una interpretación verdadera.
               Pero, Kelsen cree que eso es una ilusión y ficción; la unanimidad de las palabras de la norma, entiende que la ciencia jurídica debe conocer el derecho interpretando con rigor, exigiendo obediencia a los códigos, preceptos formales y materiales. En este caso, la ciencia es un saber riguroso, midiendo las determinaciones e imposiciones de límites.
               Pero, el objeto de la interpretación del derecho son sus contenidos normativos que se basan en varias posibilidades hechas por la voluntad del legislador, de esta forma, le cabe a la ciencia describir esos límites, por eso no puede existir la unanimidad en el derecho, este sentido unívoco (que es un equívoco) del contenido normativo está ligado a un contexto ideológico para una determinada estructura de poder, es una manifestación política sobre el falso aspecto científico. Kelsen dijo que cuando la ciencia jurídica no puede describir, se debe omitir, esa "fidelidad a la ciencia" deja sin argumento y fundamento las actividades del derecho que son interpretaciones jurídicas, hay un gran perjuicio, por otro lado, me filio al ilustre maestro Ferraz Jr. de que la opinión de un desconocedor sobre el contenido de una ley no puede equipararse a la opinión de un doctrinador dedicado al estudio del derecho que búsqueda por la razón jurídica el verdadero contenido de la norma.
               Por lo tanto, el derecho debe tener una teoría con fundamento, no como mero arbitrio, debe buscar siempre un significado claro, unánime a las palabras de la ley para una mayor comprensión por parte del pueblo y de la sociedad, con el fin de establecer el estado democrático del derecho.
               El principio de la innegabilidad de los puntos de partida y el de la forma compulsoria de una decisión constituye y orienta el saber dogmático. Siendo así, la interpretación dogmática está presa a la necesidad de esos puntos de partida, pero también ligado al discurso normativo, con el contenido de las normas en abierto que es la posibilidad subjetiva de la norma dando diversos sentidos, formándose un dilema entre dogma versus libertad, llamado de "desafío Kelseniano". Allí aparece el problema de la hermenéutica creando condiciones para una decisión, poniendo fin práctico a las múltiples posibilidades interpretativas.
LA TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN DEL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO
               - La ciencia jurídica alega la tesis de que toda norma posee interpretación, diferente de lo que sucedió en la antigüedad cuando Justiniano prohibió la interpretación de las normas de su "corpus juris civilis." Hoy la cuestión hermenéutica es un objeto teórico, es decir, la tematización de la interpretación es un problema científico, un problema teórico, indagando lo que es interpretar, cual es su motivo, y cual su razón.
               Pero, el surgimiento de esta teoría fue con el jusnaturalismo del final del siglo XVIII, relacionando el concepto de derecho con el de sistema, que era un conjunto de elementos organizados por las reglas de deducción, se adoptaba un modelo mecánico (lógico).
               De allí, en el final del siglo XIX para el inicio del siglo XX apareció "el movimiento del derecho libre" que decía que la interpretación del derecho, el sentido de la ley debe buscarse en la vida, en los intereses y en las sociedades prácticas.
LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN Y SUS CORRIENTES OBJETIVISTA Y SUBJETIVISTA
De esa forma, surgió el método teleológico, que era aquel apuntado hacia la búsqueda del fin inmanente del derecho; el método axiológico, que era aquel apuntado hacia sus valores fundamentales; el método sociológico era aquel apuntado hacia los condicionantes sociales; el método axiológico-evolutivo, que era aquel apuntado hacia sus procesos de transformación y el método histórico que era aquel apuntado hacia su génesis.
               En resumen, podemos decir que existían dos grupos, el de la voluntad del legislador y el de la voluntad de la ley, el primero subjetivista y el segundo objetivista, siendo que la doctrina subjetivista creía que el saber dogmático era una comprensión del pensamiento del legislador, era una interpretación desde el surgimiento de la norma por la positivación de la voluntad del legislador - efecto "ex tunc" (desde entonces), prevalece el método histórico del aspecto genético y de las técnicas apropiadas.
               Ya la doctrina objetivista creía que el saber era una determinación de factores objetivos, era una comprensión teniendo en vista la situación y el momento actual de su vigencia - efecto "ex nunc" (desde ahora) prevalece el método sociológico de los aspectos estructurales y las técnicas que le son apropiadas.
               En la primera doctrina el dogma es un principio arbitrario, en la segunda doctrina, el dogma es un arbitrario social. Podemos sintetizar esas dos doctrinas en las siguientes conclusiones:
               Para los objetivistas la voluntad del legislador es una ficción, pues es de difícil identificación, por otra parte, las normas a través de sus formas tienen fuerza para obligar de esa manera al legislador, es apenas una competencia legal; la palabra de la norma es la que tiene confianza, el intérprete debe respetar por la fundamentación de integración, pues los factores objetivos en su mutación social explica la complementación y la creación del derecho por la decisión de los jueces.
               Para los subjetivistas: la técnica histórica de interpretación de los documentos y las discusiones de los doctrinadores de las normas es imprescindible; los factores objetivos, que es la voluntad objetiva de la ley, están sujetos a las dudas interpretativas, esos factores crearon un "subjetivismo" colocando la voluntad del intérprete encima de la voluntad del legislador y de la ley; el derecho en términos de seguridad y certeza sufriría desvíos, quedando a merced de la opinión del intérprete.
LA UTILIZACIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA TRADUCCIÓN EN LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA
               De esa forma, la discusión no se resuelve, pero abre la cuestión, la cual podemos observar que el acto de interpretación tiene por finalidad un texto y su sentido, este último fijado por otro acto interpretativo, el arbitrario del legislador competente o el arbitrario social.
               Por lo tanto, interpretar es comprender otra interpretación, aquella enunciada en la ley, una se positiva en la norma, otra busca identificarse en este caso, en la interpretación verdadera que uno de los actos interpretativos debe tener un sentido que prevalezca, pues eso es presupuesto dogmático. Tras lo cual preguntamos ¿como hacerlo?
               Las razones de las contradicciones entre las corrientes objetivista y subjetivista podrán ser explicadas por medio de una analogía: interpretación y traducción.
LA HERMENÉUTICA: LA LENGUA TÉCNICA DE LA INTERPRETACIÓN DOGMÁTICA
               Por lo tanto, en la interpretación jurídica preocupa exclusivamente la traducción, es decir en el paso de una lengua para otra lengua del precepto normativo para la realidad, no es verificación de hechos, no sólo importa el saber si existe relevancia o urgencia en aquella medida, eso allí es un problema interno de la lengua real, pues el discurso normativo es prescriptivo, formal, dice como debe ser, la estructura de la lengua está dominada por el: "está prohibido, es obligatorio, es facultativo, está permitido", ya en la estructura de la lengua-realidad está dominada por el: "es un hecho que, es posible, es probable".
               De esa forma, se hace necesario el uso de una tercera lengua para el paso a la interpretación, que es una transferencia indirecta y se da por medio de una lengua técnica de la interpretación dogmática (lengua hermenéutica) que posee en su estructura lingüística reglas básicas que tienen como proyecto una construcción dogmática, que es una figura intermedia entre la lengua normativa y la lengua-realidad, esa figura es el legislador racional, es la intención, el pretender, la voluntad, el cual se caracteriza por su identidad, como por ejemplo: el ideal de un Congreso Nacional, un colegiado; por su permanencia a pesar del tiempo, por su voluntad única, por la ciencia global del ordenamiento, por la intención que es su finalidad, por el conocimiento de todos los hechos y conductas en el ámbito de su jurisdicción, que es omnisciente, por el vigor de sus normas que es omnipotente, por la comprensión de lo justo, por la coherencia, por el ordenamiento que todo regula implícita y explícitamente, por la economía de los usos de las palabras con función propia y específica, por la aplicabilidad de sus normas, por la precisión de la lengua común y sentido técnico.
               En resumen, estas características del legislador racional son en verdad los principios de la innegabilidad de los puntos de partida y el de la compulsoriedad de una decisión, al final, es la construcción lingüística de la dogmática interpretativa que hace el paso de la norma para la realidad, concediendo sentido la norma frente a la realidad.
               El ejercicio de esta lengua se entiende en su uso competente, colocando en acción las estructuras de ese uso, presentando el debe ser ideal (que es el del legislador racional) como sistemático (ordenado), teleológico (finalista y sociológicamente, hechos y fenómenos sociales) efectivo, pues las normas jurídicas están vigentes (validez), eficaces y dotadas de imperio, o sea, las leyes están en un sistema integrante, producen efectos en la realidad social y poseen una fuerza con papel de función y objetivo, de esta forma, las normas jurídicas se exponen como una relación de autoridad con posibilidad de actuación a pesar de las divergencias, imperatividad que funciona el sistema como un todo único, indicando una relación de poder-autoridad, liderazgo y reputación.
LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA A SER ADOPTADA
La interpretación jurídica al hacer un acto interpretativo, se orienta por los criterios de la hierarquía, participación consensual y relevancia funcional, actuando en la realidad como consenso obvio y sirviendo la finalidad de justicia la cual exige técnicas apropiadas por los medios de los métodos hermenéuticos que son: el lógico sistemático, el histórico-sociológico, el teleológico y el axiológico.
               De esa forma, la interpretación jurídica (hermenéutica) utiliza esos métodos para reformular texto substituyéndolo por un texto más persuasivo (determinando voluntad y adquiriendo convicción) y conveniente, reforzado por el deber ser ideal del legislador racional, es decir, produciendo la función motivadora de la lengua normativa, que es el acto de violencia simbólica, pues con el método lógico-sistemático neutraliza los comunicadores individualizando el sentido de la norma para el caso concreto. Con el método histórico-sociológico neutraliza las divergencias de opinión imponiendo un consentido y dando un sentido en la norma que es general y que puede ser especificado, y con los métodos teleológico y axiológico alcanza un sentido abstracto en la norma que puede ser concretizado.
               Y finalmente, con las dimensiones de autoridad, liderazgo y reputación se armonizan para unir todos los métodos a fin de alcanzar una buena interpretación que sirve a una relación de poder de violencia simbólica, que es un discurso de poder.
               Se destaca que en cualquier relación de poder, podemos detectar tres elementos: el agente de dominación, el paciente y los órganos estatuidos, de esta forma, cuando el agente emite una norma, el paciente recibe y entiende de diversos modos a través de un código expedido por las organizaciones estatuidas, cuyo código (que es una estructura capaz de ordenar) debe ser decodificado en razón de relación indirecta para que la norma pueda ser cumplida, y por medio del código las orientaciones se tornan comunes, esa norma debe ser decodificada, como por ejemplo: tenemos en una organización burocrática que tiene prescripción emitida por un código fuerte, porque ofrece un sentido homogéneo a la prescripción, otorgándole una atribución rigurosa a sus expresiones, cuyo rigor limita el campo de maniobra del receptor, el cual tiende ganar más espacio, teniendo en vista que el receptor decodifica la prescripción utilizando un código débil y cuestionando, discutiendo las expresiones, por otro lado, la organización burocrática (el emisor) puede decodificar una prescripción por un código débil, buscando controlar el receptor de todos los lados por la amplitud de sentido en que este tiende a exigir una decodificación precisa por un código fuerte, a fin de ganar un espacio y aumentando el su campo de maniobra.
               Por lo expuesto, podemos afirmar que el intérprete, el legislador normativo utiliza los dos códigos, según la situación real y la exigencia de imperatividad del sistema que puede diversificar, cambiar su codificación, según las circunstancias y siempre para juntar el poder de violencia simbólica, pues la reformulación de un texto normativo para un texto más conveniente y persuasivo no se restringe a su vigor y en determinados momentos no pudiendo usar analogía si utiliza un artificio (habilidad) hermenéutico, que es la difusión entre la analogía y la interpretación extensiva, cuando aquella está prohibida se usa la última.
               De esa manera, la interpretación jurídica posee un margen de maniobra, usando códigos fuertes y débiles a través del poder de violencia simbólica, explicando las divergencias, mientras no alcance la noción de interpretación verdadera que es la coherencia, la conveniencia, el ajuste entre el poder-autoridad, poder-liderazgo y poder-reputación en la expedición de la norma jurídica.
               Como se percibe, la formulación de teorías del Derecho, y consecuentemente de la norma jurídica, es un campo muy vasto, y la validez de ellas, depende mucho de la propia ideología de su formulador y de su lector, que busca los métodos más acertados en la busca la verdad, aunque del punto de vista ideológico.
               Para Reis Friede, aunque se esté negligenciando la realidad del estudio de la lógica, es hecho incontestable que el Derecho como ciencia solamente podrá ser comprendido, en su esencia y plenitud, a partir del perfecto delineamiento de la lógica jurídica intrínseca a la propia formalización científica del Derecho.
               La interpretación es así, por efecto conclusivo, la crítica interna de la ley, que le permite una verdadera “transparencia”, con el consecuente conocimiento científico de la norma jurídica, en todas las sus dimensiones, en pleno y necesario complemento al propio estudio de la norma jurídica en términos generales.
               La hermenéutica es por vía de consecuencia, un proceso dinámico, vivo y cíclico, que alimenta, creciente y constantemente, los propios métodos de interpretación, procediendo, en última instancia, a la sistematización de los procesos aplicables para determinar, al final el sentido verdadero y el alcance real de las expresiones del Derecho.   
V - CONCLUSIÓN DEL ALUMNO NOTAS PROPIAS
               Entendí muy interesante el presente trabajo y el estudio investigativo, proponiendo probar su insustentabilidad, para ilustrar mejor nuestro pensamiento, y profundización crítica analítica de la materia, ya que se torna imposible separar la RESPONSABILIDAD CIVIL, de la Ética, de la moral, de las buenas costumbres, del pensamiento religioso y teleológico, allí concluimos que la vía da lugar a deberes, obligaciones, derechos y responsabilidades, pues aunque se tenga problemas, es la vida; como bien mayor para ser resguardado y enaltecido.
               No podemos continuar con el entendimiento de fragmentación y consecuente aislamiento/especialización de cada ramo del derecho, obligando que cada operador de la ciencia jurídica sea "especializado" en una de sus disciplinas, como si fuera un "mundo aparte" cuando en la verdad no podemos "aislar" al ciudadano de la sociedad, y viceversa, teniendo en cuenta que el "planeta está en el universo, y todo lo que existe está dentro de él" no existiendo uno sin el otro, entonces tenemos como estudiosos e investigadores de la ciencia, una visión global, debiendo propiciar la "unificación de las ciencias" pues estas se completan, debiendo haber un "cambio de hábitos, de pensamientos, de convicciones y procedimientos, el que hará con que no se fomente la guerra, ni la disputa de poder o bienes materiales, causador de la demanda y conflictos de intereses tutelado por el Estado.
               Nos dice la Constitución Federal del Brasil (1988), que“todos son iguales ante la ley” por lo tanto no podrá haber “distinción” en la aplicación del derecho. Tiene que ser observado la imparcialidad en la distribución de la justicia de forma célere, imparcial,  justa y con equilibrio.
               No puede el estudiante entusiasmado de ayer, pasar a ser el “abogado” angustiado de hoy. El proceso no avanza; o su cliente presiona. Sin tener más “justificativas” para dar a su “cliente” ávido por una solución tutelada por el Estado, ya que está prohibido “hacer justicia con las propias manos” pide para que él que vaya a hablar con los “empleados” jueces y demás operadores del derecho. Vuelve el cliente nuevamente, diciendo que el “proceso está detenido” porque el “abogado” no va al “juzgado”, no pide al Juez para “despachar”, por lo tanto hay total inversión de valores. Comienza entonces una búsqueda sin tregua. No puede el abogado “dar vuelta la mesa” porque no puede ofender al juez, y si lo hiciera, viene la respuesta “no procedente” o el fallo “no favorable”.
               Desanimado frente la “dura realidad”, el joven abogado desiste de la profesión y resuelve ser miembro del Ministerio Público o de la Magistratura, con la expectativa de que, en el ejercicio de uno de esos nobles cargos, pueda colocar en práctica su ideal de joven, o su sueño de “distribución y aplicación ecuánime de la justicia. Grave error.
               Por otra parte, sabe que en el ejercicio de esos cargos públicos, por lo menos no tiene un cliente que le exija un resultado rápido del proceso, como también no hay sufrimiento con la angustia de los plazos, y tiene un “salario fijo la fin de mes” y todavía podrá hacer justicia... Un engaño más, que le trae angustia.
Lamentablemente es un retrato de la realidad, pues nuestro sistema jurídico en teoría es muy bueno, y muy bonito, pero en la práctica deja mucho que desear. No se trata de una crítica al Judicial en sí, que está compuesto, en su mayoría, por dedicados y dignos magistrados, también sacrificados con un siempre creciente número de procesos sometidos a su apreciación.
               La crítica sin embargo, es al sistema actual, que precisa sin dudas cambiar, para que no prevalezca el procedimiento legal por sobre sustancia. No se concibe que una grave lesión la libertad o a un derecho líquido y cierto sólo se repare mucho tiempo después, cuando esa lesión ya se tornó irreversible y el juzgamiento final no se reviste de ningún resultado útil.
 Si la crítica existe, es en el sentido de ofrecer una contribución al perfeccionamiento del sistema. Para que los procedimientos legales no se sobrepongan al derecho, individual de cada uno, finalmente al respeto HUMANO
Este mundo extremadamente injusto, y que es al mismo tiempo asustador, en razón del aumento incontrolado de la violencia urbana y de los conflictos internacionales, me llevan a una revuelta y espero que también a muchos. Pero, se trata de una revuelta sana, que no pregona ningún tipo de intolerancia, ni una lucha del bien contra el mal. Una indignación que meramente pretende impulsar el ejercicio de la democracia, de la manifestación libre de ideas, con respeto a las ideas contrarias, y que al mismo tiempo se preocupa en justificar sus acciones dentro del contexto de un orden jurídico, construido, o reconstruido, la luz de principios y coherencia lógica, dentro por lo tanto, de postulados verdaderamente científicos y no meramente opinativos.
               La Constitución de la República Federativa del Brasil,  siendo una Carta política, representa jurídicamente los principios que integran los valores considerados fundamentales de una sociedad. El tema de la justicia, abstracto bajo la óptica del derecho natural, sin embargo, es concretizado y se integra al derecho positivo en el contexto del control de la constitucionalidad, en la medida en que el juez puede negar la aplicación de una ley con el argumento de su incompatibilidad con las normas constitucionales, las cuales, vale repetir, son construidas con base en conceptos abstractos, extraídos exactamente de la noción de justicia tales como la igualdad, la solidaridad, la libertad y la justicia social, que se integran, naturalmente, a las constituciones modernas, como valores universales.
               El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes es, por lo tanto, una forma de imponerse a las autoridades estatales el respeto a los valores universales, en los cuales se integran los derechos humanos, representando, pues, una expresión esencial del Estado de derecho.
               Varios son los instrumentos jurídicos, en el ámbito supranacional, que buscan la preservación de esos valores. Es marco de esta preocupación, la publicación del 10 de diciembre de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este documento, más que una mera  declaración de orden moral, se trata de un instrumento jurídico que fija los “principios del derecho internacional de los derechos del Hombre”.
               El hecho es que las sociedades modernas no pueden convivir con la injusticia social sin valerse de esos instrumentos jurídicos como forma de corrección de la realidad, pues representan la formación de la “consciencia ética de la dignidad humana”.
               Ahora, si tenemos nuestra Carta Magna resguardando la observancia de los derechos de los hombres, que procuran armonizarse dentro del contexto social, y dictan las reglas procedimentales de la aplicación de la ley, y distribución de la justicia social, ¿Cómo puede tener una ley infraconstitucional aplicada de manera diferente en el ámbito Estadual (provincial) y Federal? ¿Cómo es posible que un ciudadano que necesita una “solución para un conflicto de interés” donde no le es dado otra hipótesis sino la tutela jurisdiccional, cuya decisión se obliga a acatar, y espera “durante años” por una solución que nunca viene, mientras observa que para los más favorecidos y con alto poder adquisitivo, esta solución llega muy rápida en comparación con otros?
               Esas personas, por lo tanto, asumen la consciencia de su “inferioridad”, no se identifican como verdaderos ciudadanos y todavía, cuando son trabajadores, poseen un sentimiento de culpa, que les es insinuado, en razón del gran número de trabajadores desempleados. Hay consecuentemente, pérdida completa de la dignidad en las relaciones de trabajo y una imposibilidad concreta de alteración por acto de revuelta de los injusticiados.
               La sociedad que debería basarse por el pacto de solidaridad, se caracteriza entonces, por la lucha de todos contra todos, por el “sálvese quien pueda”: y que venza el mejor y más competente. Los cursos de formación profesional preparan al joven para este mundo de la competición… ¡y sea lo que Dios quiera!
               Es necesario que tengamos la conciencia que necesitamos con carácter de urgencia, la creación de un nuevo derecho, un derecho que tenga como función tornar la preocupación con la justicia social más que un compromiso moral, sino una obligación de particulares, con limitación de los intereses económicos, y un deber del Estado. Esta lógica difiere de aquella que norteaba el derecho civil, justifica entonces, la organización teórica de un nuevo derecho, igual para todos y que aplique de forma igualitaria sus procedimientos legales. Es el derecho holístico que está creciendo.  Y el que estamos pretendiendo demostrar.

 
 
VI - BIBLIOGRAFÍA
 
 
Helder Martinez Dal Col – Cursando Master en Derecho Civil en la Universidade Estadual de Maringá -UEM.
Liane Maria Busnello Thomé - Profesora Investigadora de Ulbra
Profesora de Derecho de Familia, Derecho del Niño y Adolescente, Salbra I e II Cursando Master en PUC/RS - Doctoranda en la Universidad de Barcelona
Denize Félix - Abogada
Eliana Galvão Dias - Profesora del Centro de Ciências Humanas e Sociais da UnG
Sérgio Pinheiro Marçal - Abogado en São Paulo
 
Notas Bibliográficas:
 
1. ALMEIDA JÚNIOR, ANTONIO FERREIRA DE, O Exame Médico Pré-nupcial para os Casamentos Consangüíneos, Revista da Faculdade de Direito, vol. 39, Ed. RT Ltda., SP, 1943-1944.
2. AZEVEDO, ÁLVARO VILLAÇA, Dever de Coabitação Inadimplemento, José Bushatsky Editor, SP, 1976.
3. CARBONNIER, JEAN, Droit Civil, vol. 2, La Famille, Les Incapacités, Presses Universitaires de France, 108 - Boulevard Saint-Germain, Themis Droit, Paris, 1977.
4. CHAMOUN, EBERT, Instituições de Direito Romano, 5ª edição, Forense, RJ, 1968.
5. COLIN, AMBROISE e CAPITANT, HENRI, Traité de Droit Civil, vol. 1, tomo I, Librairie Dalloz, Paris, 1952.
6. CRETELLA JÚNIOR, JOSÉ, Curso de Direito Romano, 6ª edição, Forense, RJ, 1978.
7. DEGNI, FRANCESCO, Il Diritto di Famiglia Nel Nuovo Codice Civile Italiano, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Pádova, 1943.
8. ESPÍNOLA, EDUARDO, A Família do Direito Civil Brasileiro, Gazeta Judiciária Editora S.A., RJ, 1954.
9. FALCO, MÁRIO, Corso di Diritto Ecclesiastico, 2ª edição, vol. 1, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Pádova, 1935.
10. GARCIA, JOSÉ ALVES, Exame Pré-nupcial dos Pretendentes Consangüíneos, RF, vol. 92, RJ, octubre de 1942.
11. GOMES, HÉLIO, Medicina Legal, 15ª edição, Livraria Freitas Bastos S. A., RJ.
12. GOMES, ORLANDO, Direito de Família, Forense, Rio, 1968.
13. LEHMANN, HEINRICH, Derecho de Familia, vol. 4, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953.
14. MONTEIRO, WASHINGTON DE BARROS, Curso de Direito Civil, Direito de Família, 12ª edición, Ed. Saraiva, SP, 1973.
15. PLANIOL, MARCEL e RIPERT, GEORGES, Traité Pratique de Droit Civil Français, 2ª edición, tomo II, La Famille, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1952.
16. RODRIGUES, SILVIO, Direito Civil, Direito de Família, 5ª edición, vol. 6, Ed. Saraiva, SP, 1977.
OTROS TEXTOS
1. Código de Derecho Canónico y Legislación Complementaria, LORENZO MIGUÉLEZ DOMINGUEZ, SABINO ALONSO MORÁN, MARCELINO CABREROS DE ANTA, Biblioteca de Autores Cristianos, Madri, 1957.
2. Código de Menores do Estado Mexicano de Guerrero, Revista dos Tribunais 279/889.
Notas:
(1) EBERT CHAMOUN, Instituições de Direito Romano, Forense, Rio, 1968, pág. 146.
(2) EBERT CHAMOUN, op. cit., pág. 146.
(3) ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, Dever de Coabitação - Inadimplemento, José Bushatsky Editor, SP, 1976, pág. 66.
(4) EBERT CHAMOUN, op. cit., pág. 147.
(5) ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, op. cit., pág. 83 e 96.
(6) Apud WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil, Direito de Família. Ed. Saraiva, 1973, pág. 31.
(7) ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, op. cit., pág. 87.
(8) Op. cit., pág. 31.
(9) Apud FRANCESCO DEGNI, Il Diritto di Famiglia, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Pádova, 1943, pág. 69.
(10) Direito de Família, Forense, Rio, 1968, pág. 47.
(11) ORLANDO GOMES, op. cit., págs. 59 e 60.
(12) Medicina Legal, Livraria Freitas Bastos S. A., Rio, pág. 330.
(13) Op. cit., pág. 26.
(14) Op. cit., pág. 337.
(15) HÉLIO GOMES, op. cit., pág. 339.
(16) HÉLIO GOMES, op. cit., pág. 342.
(17) Op. cit., pág. 311.
(18) A Família no Direito Civil Brasileiro, Gazeta Judiciária Editora S. A., Rio, 1954, pág. 101.
(19) Op. cit., pág. 320 e 322.
(20) FRANCESCO DEGNI, Il Diritto di Famiglia, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Pádova, 1943, pág. 65 e 66.
(21) Op. cit., pág. 52 e 53.
(22) Op. cit., pág. 317 e 318.
(23) EDUARDO ESPÍNOLA, op. cit., pág. 66.
(24) Op. cit., pág. 324.
(25) ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR, O exame médico pré-nupcial para os casamentos consangüíneos, Revista da Faculdade de Direito, vol. 39, pág. 167 e 173.
(26) Exame pré-nupcial dos pretendentes consangüíneos. RF, vol. 92, pág. 595.
(27)JOSÉ ALVES GARCIA, op. cit., pág. 595.
(28) ALMEIDA JÚNIOR, op. cit., pág. 165.
(29) Op. cit., pág. 175 e 176.
(30) JOSÉ ALVES GARCIA, op. cit., pág. 598.
(31) Op. cit., pág. 32
(32) Op. cit., pág. 319.
(33) Traité Pratique de Droit Civil Français, La Famille, tome II, Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, Paris, 1952, pág. 85.
(34) Traité de Droit Civil, vol. I. Librairie Dalloz, Paris, 1952, pág. 340.
(35) FRANCESCO DEGNI, op. cit., pág. 66 e 67.
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                                                                                   DJALMA DA SILVA LEANDRO
                                                                                                   JULIO/2012
Autor: DJALMA DA SILVA LEANDRO
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